La Justicia dictó una cautelar para evitar que se frenen estudios de ADN en causas por apropiación de niños

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ordenó este jueves al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al advertir que la crisis presupuestaria denunciada por sus autoridades pone en riesgo la preservación de pruebas genéticas clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura militar.

La decisión fue adoptada en el marco de una investigación por posible supresión de identidad de una persona nacida durante el terrorismo de Estado, pero el magistrado dispuso además que la resolución se incorpore a todas las causas similares que tramitan ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata. En una medida cautelar interina, Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que “disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos (...)“.

En el fallo al que tuvo acceso Infobae, de 19 páginas, el juez reseñó que, según la Ley 26.548, “el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y que “se asegurará que en la implementación de la presente ley, sus tareas se seguirán realizando con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.

El planteo que derivó en la intervención judicial había sido presentado dos días antes por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad y apropiación de menores durante la dictadura: Pablo Parenti, Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la situación presupuestaria del organismo amenaza con afectar la producción de pericias genéticas indispensables para causas de apropiación de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres durante el terrorismo de Estado.

La presentación se apoyó en una serie de informes remitidos por la directora general técnica del BNDG, quien describió un escenario de “extrema criticidad presupuestaria”. Según esos documentos, el organismo ya sufrió restricciones en recursos humanos y materiales durante 2025, debió suspender viajes programados para toma de muestras y enfrenta dificultades para sostener servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento edilicio, preservación ambiental de muestras biológicas y seguridad informática.

En una de las notas incorporadas al expediente, la funcionaria advirtió que “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. También alertó que, de no obtenerse refuerzos presupuestarios, “en unos pocos días no se podrá garantizar el acceso de los agentes al organismo y por lo tanto, se deberán paralizar las actividades del BNDG”.

El magistrado consideró acreditados los requisitos legales para dictar una medida urgente contra el Estado nacional, en tanto “la grave situación denunciada por el B.N.D.G. en sus informes y la expresa petición formulada por los representantes de los órganos del Ministerio Público Fiscal específicamente creados para entender en la persecución de estos crímenes de lesa humanidad, requieren la adopción de medidas que no pongan en peligro las altas funciones que el Banco Nacional de Datos Genéticos debe cumplir”.

En otro tramo de la resolución, Ramos Padilla definió al BNDG como un organismo “técnico esencial e irremplazable” y destacó que las pericias allí realizadas constituyeron históricamente “una herramienta central -y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea- para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”.

El fallo repasó además el rol que tuvo el organismo en la restitución de identidad de hijos de desaparecidos. El juez mencionó distintos casos tramitados ante el juzgado platense, entre ellos los de Elena Gallinari Abinet, Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca, cuyas identidades pudieron recuperarse a través de estudios genéticos realizados por el BNDG.

“A través del auxilio que brinda el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Poder Judicial logra efectuar una reparación a las víctimas de delitos de lesa humanidad, al devolver la identidad de aquellas personas que fueron apropiadas”, advirtió el magistrado.

Ramos Padilla también vinculó el funcionamiento del organismo con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de derechos humanos y recordó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la identidad y el deber estatal de investigar delitos de lesa humanidad. Citó especialmente el caso “Gelman vs. Uruguay” y los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la parte resolutiva, el juez ordenó que el Poder Ejecutivo garantice “la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas bajo su guarda, las adecuadas condiciones de higiene y seguridad física e informática, condiciones ambientales, insumos críticos y toda otra medida necesaria” para asegurar el funcionamiento del organismo y el cumplimiento de las mandas judiciales vigentes.

Además de Adorni, el magistrado requirió informes al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y al propio BNDG para que informen, en un plazo de cinco días, si el organismo está en condiciones de continuar cumpliendo adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vinculados a causas por apropiación de menores durante el último gobierno militar.