El Servicio Penitenciario Federal trasladó esta mañana al financista Fabián Virgilio Rossi (61) hasta la sede del Cuerpo Médico Forense para una evaluación integral de salud, con el propósito de resolver si está en condiciones de obtener el arresto domiciliario en la causa por la ruta del dinero K.
El Tribunal Oral Federal 4 quiere saber si en el penal de Marcos Paz están dadas las condiciones para que pueda recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias. Por ese motivo, ordenó que se lo examine en las especialidades de gastroenterología, oftalmología y traumatología.
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Según describió la defensa, el ex apoderado de la financiera SGI sufrió un deterioro progresivo de su estado físico durante su estadía en la cárcel debido a las condiciones de detención.
En sus argumentos describió que la pierna de Rossi se redujo a la mitad de su tamaño, no puede apoyarla y renguea desde hace meses.
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Los abogados señalaron que por ese problema perdió el equilibrio, sufrió un golpe en su cabeza y chocó contra una ventana con marco de hierro. Se quejaron porque en esa ocasión le practicaron suturas sin anestesia.
Además, reclamaron lugares adecuados y aparatología para llevar a cabo la rehabilitación del tendón de Aquiles y el tratamiento de magnetoterapia que ayudaría a reducir las secuelas de dolor e hinchazón.
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En este contexto, el juez de ejecución, Néstor Costabel, le pidió al Servicio Penitenciario que certifique qué tipo de tratamiento le están brindando a Rossi, y que se refuerce la atención de los dolores que le manifieste a los médicos.
La revisión de salud se dispuso a raíz de un fallo de la Cámara de Casación que le ordenó al TOF 4 revisar si Rossi puede recibir el arresto domiciliario con base en informes médicos actualizados.
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La causa
El caso de la ruta del dinero K alcanzó sentencia firme porque la justicia detectó una estructura jurídica, bancaria y financiera que se dedicó a lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Precisamente, Fabián Rossi cumple una pena de 4 años y 6 meses de prisión por su participación en la maniobra, que salió a la luz en 2016, cuando se difundieron imágenes donde aparece junto con otros involucrados contando dinero en una financiera SGI, bautizada como “La Rosadita”, ubicada en Puerto Madero.
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Rossi administraba la firma SGI, donde se comprobó que se realizaron transferencias al exterior del dinero que obtuvo el Grupo Austral, a través de la obra pública, para luego blanquearlo adquiriendo bonos.
El resto de los condenados son Lázaro Antonio Báez a 10 años; su hijo Martín Báez a seis años y seis meses; y para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, seis años.
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En tanto, el tribunal sentenció a Julio Enrique Mendoza a cinco años; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro.
Para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez fijó tres años de ejecución en suspenso; y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.
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