La Justicia rechazó el pedido de Julio de Vido para cumplir su condena por la Tragedia de Once con arresto domiciliario

El Tribunal Oral en lo Criminal 4 no dio lugar a la presentación que hizo la defensa del ex ministro de Planificación, condenado a cuatro años de prisión. Todavía resta una instancia más que podría dar marcha atrás con esta medida

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Juicio oral por “Skanska” - Julio de Vido
Julio De Vido seguirá en la cárcel: la Justicia le rechazó el pedido de prisión domiciliaria (Adrián Escandar)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por el momento, continuará cumpliendo su condena en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

La resolución, firmada el 18 de noviembre de 2025 por los jueces Ricardo Ángel Basilico, Fernando Canero y Néstor Guillermo Costabel, se fundamentó en la ausencia de elementos médicos que justifiquen una medida excepcional y en la vigencia de controles y atenciones sanitarias adecuadas dentro del ámbito penitenciario. Sin embargo, resta la evaluación del Cuerpo Médico Forense que podría dar marcha atrás con la medida.

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La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano A. Rusconi y H. Gabriel Palmeiro, había solicitado la implementación inmediata y provisoria del arresto domiciliario, argumentando razones humanitarias vinculadas a la edad avanzada del condenado y a sus patologías crónicas. Según los letrados, la permanencia de su asistido en el hospital penitenciario generaba un peligro real y actual para su vida y salud, lo que, a su entender, configuraba un trato inhumano o degradante.

En su presentación, la defensa sostuvo que el ex funcionario había atravesado episodios de descompensación, dificultades para acceder a la medicación, problemas de descanso y deficiencias en la provisión de la dieta prescripta, además de condiciones edilicias adversas. Cabe remarcar que De Vido actualmente tiene 75 años, por lo que está en condiciones de recibir este beneficio.

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El ex ministro de Planificación, Julio de Vido (Adrián Escandar)

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, en un dictamen presentado el 17 de noviembre, se opuso al planteo. El fiscal recordó que ya había sostenido en un dictamen previo que los argumentos de la defensa no encuadraban en ninguna de las causales de suspensión o modificación de la ejecución previstas en el artículo 495 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula los supuestos en los que puede suspenderse o modificarse la ejecución de una condena.

Según el fiscal, “no surge de la documentación aportada que el condenado se encuentre ‘gravemente enfermo’ ni que la continuidad de la ejecución ‘pusiere en peligro su vida’”. Además, destacó que el tribunal había adoptado medidas específicas para garantizar la integridad psicofísica del condenado, y que los informes médicos y actuariales remitidos por el Complejo Penitenciario Federal N°1 no evidenciaban una situación de riesgo vital.

El tribunal repasó las actuaciones desde que De Vido se constituyó en detención el 13 de noviembre de 2025, tras la firmeza de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal el 30 de abril de ese año. Además, ordenó que se informara sobre los estudios médicos de ingreso y que se pusiera en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier situación relevante respecto a la salud del condenado.

De Vido ingresó a los tribunales de Comodoro Py y se entregó para quedar detenido
De Vido ingresó a los tribunales de Comodoro Py y se entregó para quedar detenido

En el marco del incidente de arresto domiciliario, el tribunal requirió al Cuerpo Médico Forense que examinara a De Vido para determinar su estado de salud actual y si sus patologías encuadraban en los supuestos previstos en el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660. También se solicitó un informe socioambiental y técnico sobre el domicilio propuesto para el eventual arresto domiciliario, ubicado en Puerto Panal, Zárate, provincia de Buenos Aires.

El expediente incorporó informes médicos y psicológicos actualizados, así como un detalle de la dieta prescripta por los profesionales del Instituto Fleni. El Hospital Penitenciario Federal N°1 informó que De Vido, de 75 años, presentaba antecedentes de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, diabetes insulinodependiente y asma bronquial, y que recibía medicación crónica para dichas patologías.

Justamente, en este informe, la entidad consignó que se lo observó “lúcido, orientado en tiempo y forma” y con “pulsos regulares y simétricos”. En tanto, agregó que el paciente continuaba con dieta hiposódica y para diabético, y que los estudios cardiológicos y de laboratorio se encontraban dentro de parámetros normales.

Por su parte, el área de Diabetología del hospital penitenciario indicó que “presenta diagnóstico de diabetes tipo 2 desde los 48 años en tratamiento actualmente con Insulina glargina 20 UI y dieta Nº 3 sin Sal”.

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once antes de que se dicte la sentencia conta los culpables (Maximiliano Luna)
Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once antes de que se dicte la sentencia conta los culpables (Maximiliano Luna)

El tribunal consideró que había adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada atención médica y el pleno resguardo de la salud psicofísica del condenado, incluyendo la provisión de ropa, medicación y dieta acorde a las prescripciones profesionales, condiciones dignas de alojamiento y seguimiento continuo. De la documentación e informes remitidos por el Servicio Penitenciario Federal, surgía que el interno recibía atención y control médico permanente, con controles diarios de signos vitales y parámetros clínicos.

Cabe remarcar que De Vido está condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, ya que se probó que no controló debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). También le dictaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esto derivó en la Tragedia de Once que se cobró la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos el 22 de febrero de 2012.

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