Lo más irónico de la corrupción argentina es que siempre gana. Parece ingenuo decirlo, pero quienes participan de ella jamás enfrentan en sus negocios turbios un daño colateral, una pérdida. Es todo win-win. La historia de los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno, con más de 100 imputados en sus múltiples expedientes, es notable en este sentido. Aquí, la ganancia llegó hasta el final. La supuesta plata de la corrupción, en su último capítulo, solo engendró más plata.

El caso atraviesa a la cima del poder político y al capital argentino; desnuda la corrupción política y la corrupción empresarial, unidas de una forma promiscua, pagos siderales para acceder a lo que José López llamaba “el club” de la obra pública.

Los grandes hombres de negocios acusados en el caso, que, semanas atrás, ofrecieron miles de millones de pesos -que se convierten en apenas cientos de miles de dólares- para lograr su sobreseimiento, nombres como Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona, aseguraron en sus declaraciones como arrepentidos enfrentaron supuestos planteos extorsivos de funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta, con una exclusión sistemática a los contratos de obra pública que los forzaba a ceder.

El financista Ernesto Clarens, que convirtió sus oficinas en un nodo para procesar la recaudación, aseguró que la tajada extraoficial era un 10 por ciento del monto de licitación. “Pensá en toda la que se llevaron”, dice entre risas una alta fuente judicial ligada al proceso. Tiene sentido: pagarle a la mafia implica privilegios a la vez de obligaciones.

Esa larga cadena que comenzaba en un bolso en el Toyota Corolla de Centeno seguía, en decenas de ocasiones, de acuerdo a la imputación del fiscal Carlos Stornelli en el expediente que comenzará a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal N°7 este 6 de noviembre con la acusación de la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF con su colega Paul Starc, seguía en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner en Juncal y Uruguay,

Allí, según marcó tantas veces Centeno, los bolsos eran recibidos por Daniel Muñoz. Clarens, López y otros marcaron al fallecido secretario de Néstor Kirchner en un rol ejecutivo crucial.

La causa principal de los cuadernos dio origen a un expediente paralelo, también investigado por Carlos Stornelli, en donde se analizó el presunto lavado de ese dinero, con pruebas como informes enviados desde Estados Unidos, reportes de la UIF y testimonios de imputados arrepentidos.

De acuerdo a esta causa, que continúa abierta, 14 propiedades fueron compradas con el dinero de los cuadernos en Miami y New York, en zonas VIP sobre Collins y Brickell Avenue, desde pequeños departamentos hasta condominios de más de 10 millones de dólares y un megainmueble bajo la marca de una conocida de farmacias, dos inmuebles en el Plaza Hotel de Manhattan.

Todo este conglomerado de propiedades -controlado por firmas offshore ligados a testaferros y prestanombres, con la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, imputada, detenida y ubicada en la cima de la lista de los imputados caso- costó 69,8 millones de dólares.

Luego, varias de esas propiedades se vendieron, de cara a la muerte de Muñoz el 25 de mayo de 2016, así como la revelación de parte del esquema en la filtración de los Panama Papers de aquel año. Y las ventas, sin dudas, fueron rápidas. La causa investigada por Stornelli incluye también una planilla que ilustra esta nota, basada en informes de la UIF y del Departamento del Tesoro estadounidense: contiene los números de esos negocios hasta mayo de 2017.

Finalmente, la banda de Muñoz ganó: el ingreso por las ventas de los inmuebles ascendió a 73,4 millones de dólares.

Entre los compradores, figuran diversos particulares, firmas de responsabilidad limitada estadounidenses para controlar inmuebles, como tantas que hay en Miami.

Las comparaciones entre montos son obvias. Hay empates. Tomemos, por ejemplo, el inmueble de 19575 Collins Avenue en Miami, unidad 23 del complejo Regalia Condo, Miami, comprado por Dream Golden Enterprise Inc., una de tantas sociedades de la trama, en 10,7 millones de dólares, una de las propiedades más caras en la lista. Se vendió por el mismo monto el 3 de enero de 2017.

1177 SW 8th Street, Miami, de la firma Mother Queen Inc., fue adquirido el 20 de diciembre de 2012 por 12,120 millones de dólares, una curiosa coincidencia numérica. Se vendió a una firma inmobiliaria de la ciudad de Florida en julio de 2016 por 13,1 millones.

Otras grandes ganancias vinieron desde New York. Los departamentos del Plaza Hotel habían sido comprados entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011 por la firma Free Experience por 14,9 millones de dólares entre ambos. Fueron liquidados entre junio y septiembre de 2015. El número de las ventas: entre ambos, 17,1 millones.

En el expediente, al menos hasta 2019, no se pudo determinar quiénes los adquirieron.

El entramado societario e inmobiliario de los departamentos “terminó siendo completamente desarticulado, enajenándose la totalidad de las propiedades, disueltas las sociedades y su producido fue reconducido hacia cuentas radicadas fuera de los Estados Unidos, entre las cuales han podido detectarse las jurisdicciones de México, Hong Kong y el archipiélago de Turks and Caicos”, aseguró Stornelli. Las transferencias a México y Hong Kong fueron plenamente investigadas, con la compra de parcelas de playa para un resort en construcción, así como los giros a bancos en México y Asia, a una misteriosa firma dedicada, al menos en nombre, al negocio de la joyería.

En el desmantelamiento, el rol de Miguel Ángel Plo, ex abogado de Pochetti que fue detenido e imputado en la causa, habría sido de una importancia notable, vinculando en la trama al abogado Peter Karam, parte de un estudio jurídico en Turks & Caicos, acusado de facilitar el negocio de los resorts y tomar el dinero de Pochetti sin hacer preguntas.