Los hermanos Jonathan Simón y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, fueron indagados este miércoles en la causa ANDIS. Ambos se negaron a responder preguntas del fiscal Franco Picardi y dieron su versión de los hechos a través de descargos escritos que presentó su abogado, Martín Magram.
Primero se presentó Jonathan, que está imputado como jefe de la presunta asociación ilícita que habría “cooptado”, según la acusación, la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Emmanuel, en tanto, fue señalado como miembro de la supuesta organización.
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Las indagatorias se llevaron adelante en el Juzgado Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo. A partir de ahora, el magistrado deberá decidir si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.
Según pudo saber Infobae de fuentes allegadas a la causa, en sus escritos los empresarios negaron haber integrado o dirigido una asociación ilícita, así como haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la administración pública o en negociaciones incompatibles con funcionarios de la ANDIS.
La defensa argumentó que la fiscalía les atribuye responsabilidad penal solamente por sus cargos como máximas autoridades de la compañía, lo que a su criterio vulnera el principio de culpabilidad y de derecho penal de acto, ya que la acusación “no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos”.
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Los dueños de la Suizo Argentina explicaron que la facturación con la ANDIS representó “un porcentaje marginal” de sus ventas totales: 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025, según se desprende de los escritos.
Los pedidos de la defensa
La defensa de los Kovalivker volvió a plantear el cierre de la causa por considerar que los hechos ya se habían investigado en otra causa que tramitó ante el Juzgado Federal N° 7 de Sebastián Casanello, y que fue archivada por inexistencia de delito.
También pidieron la nulidad de la investigación por haberse originado a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo, que están siendo peritados por Gendarmería, y que a criterio de los acusados son “de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”.
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Finalmente, solicitaron que se deje sin efecto la inhibición general de bienes que ordenó el juez Lijo al llamarlos a indagatoria.
En su acusación, la fiscalía había hecho énfasis en que la compañía farmacéutica fue la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese lapso, le facturó al organismo $124.652.174.118, de acuerdo con los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En suma, los hermanos Kovalivker plantearon ante el juez Lijo que, del análisis de los teléfonos, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrados en la causa, “la fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción atribuible” a los dueños de la droguería.
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“Las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique participación delictiva”, justificaron desde el entorno de la Suizo Argentina.
La acusación fiscal
En su último dictamen, el fiscal Picardi planteó que la ANDIS funcionó como una ventanilla de pagos discrecionales administrada por la Suizo Argentina.
Los investigadores señalaron que la droguería “cooptó” la estructura de la ANDIS mediante acuerdos espurios con funcionarios de alta jerarquía, entre los que se encuentran el exdirector ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini. La fiscalía sostiene que la empresa logró controlar y administrar las compulsas de precios del sistema informático SIIPFIS, el cual se utilizaba para adjudicar las compras estatales.
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La acusación describe que el sistema de selección de proveedores fue reemplazado por un esquema de cartelización integrado por 14 droguerías “amigas”. A través de planillas de cálculo encontradas en los dispositivos tecnológicos secuestrados, los directivos de Suizo Argentina S.A. presuntamente definían con antelación qué firma ganaría cada compulsa, qué descuentos simularían las competidoras y cuáles se abstendrían de cotizar.
Siguiendo el razonamiento de la acusación, este mecanismo eliminó la competencia real y generó que el Estado pagara valores excesivos por los fármacos destinados a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. La fiscalía detectó diferencias de precios de hasta el 1000% entre las licitaciones generales y las compulsas reducidas o acotadas.
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