Las causas judiciales que involucran a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la secretaria General de la Presidencia, y a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, han cobrado nuevo impulso tras la difusión de datos recientes.
Los expedientes abiertos exploran posibles irregularidades en contratos estatales, manejos en agencias como PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), así como contrataciones millonarias y licitaciones bajo la lupa en diversos organismos públicos.
El epicentro de las investigaciones gira en torno al denominado “caso Spagnuolo”. El expediente radicado en los tribunales de Comodoro Py surgió de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, tras la aparición de grabaciones clandestinas.
En los audios editados, el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, menciona supuestos sobornos ligados a la compra de medicamentos, parte de los cuales —según el material filtrado— se habrían canalizado a través de la empresa Suizo Argentina y cuyo destino incluiría a Karina Milei y a Eduardo Menem. Los investigadores analizan los registros telefónicos incautados a los involucrados, incluidos los accionistas de la droguería Jonathan y Emmanuel Kovalivker, en busca de pruebas de sobreprecios, cartelización y posible direccionamiento de contratos.
Piden la nulidad de la causa
El expediente, bajo el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, también cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Por estas horas, los abogados defensores de Spagnuolo y los hermanos Kovalivker cuestionaron la continuidad de la causa argumentando la ilegitimidad del material de las escuchas. Mientras tanto, tanto Lule Menem como Martín Menem se manifestaron públicamente y negaron toda vinculación con las contrataciones investigadas, declarando que las denuncias forman parte de “una operación política”.
Otra línea investigativa relevante es la que involucra a Tech Security SRL, empresa vinculada a la familia Menem. El contrato con el Banco Nación por cerca de 4.000 millones de pesos se encuentra bajo la lupa del juez Daniel Rafecas desde julio pasado, a partir de una denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa. El magistrado dispuso nuevas medidas probatorias, como la declaración de exdirectivos bancarios y el pedido de documentación para esclarecer la adjudicación y los vínculos societarios. Menem dejó la titularidad de sus acciones en Tech Security solo cuatro días antes de asumir la banca en Diputados, cediéndolas a su hermano Adrián Menem.
El conflicto de la UATRE
La obra social Osprera también aparece en una causa independiente, a partir de una denuncia de José Antonio Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El juez Casanello debe decidir si los convoca a prestar declaración indagatoria para avanzar en esta investigación.
La Fiscalía pidió que se convoque a indagatoria a varios imputados, entre ellos Marcelo Carlos Petroni, en cuyo teléfono celular aparecen referencias a reuniones frecuentes con referentes Martín Menem y otros referentes de la Casa Rosada.
Causas en varias provincias
Las investigaciones federales alcanzan a varias provincias por presuntos pedidos de retornos a empleados públicos. Delegaciones de PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires habrían exigido un porcentaje de los sueldos a sus trabajadores, según testimonios judiciales recientes. Muchos de los responsables de las delegaciones fueron vinculados al esquema político de Lule Menem. Los jueces deberán avanzar en el esclarecimiento de esta línea de investigación.
En el caso de Chaco, la Justicia detectó contrataciones directas a empresas de dirigentes vinculados con La Libertad Avanza; y en Santa Cruz, se desplazó al jefe de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, tras una denuncia interna.
Por otra parte, Viviana Aguirre, extitular del PAMI en La Plata, presentó en marzo pasado una denuncia en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que continúa en trámite.
Frente a la ampliación de las pesquisas, fuentes del oficialismo aseguran que las denuncias obedecen a maniobras de desgaste político impulsadas por la oposición. Por su parte, desde la Casa Rosada niegan que Martín Menem o Lule Menem hayan intervenido en la toma de decisiones de las contrataciones objetadas. En simultáneo, avanzan pedidos de documentación y de citaciones a funcionarios en la Cámara de Diputados.
Voceros judiciales indicaron que las causas en trámite buscan establecer si existió un entramado de sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos, desvío de fondos en obras sociales y cobro de retornos en reparticiones del Estado.
Compra de lentes en el PAMI
En las últimas horas, se sumó una nueva denuncia, que sostiene que más de 500 oftalmólogos advirtieron sobre un incremento inusitado en el precio de los lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Según los especialistas, hasta julio cada profesional gestionaba la compra directa de los insumos con laboratorios y el organismo reintegraba el costo, fijado en torno a $35.000 por lente monofocal, valor acorde al mercado y confirmado por los cuatro principales proveedores.
A partir de agosto, el organismo centralizó la adquisición y licitó la compra de lentes por un total que supera los $80.000 millones para doce meses, con posibilidad de renovación, según consignaron fuentes del sector. Simultáneamente, derogó el sistema de reintegro mediante la resolución 1737/2025 y dispuso que los médicos soliciten directamente al PAMI los insumos necesarios para las intervenciones. Aunque el objetivo declarado apuntaba a asegurar provisión y abaratar costos, la medida provocó alarma entre los prestadores, que observaron valores pagados por el Estado entre cinco y diez veces superiores a los precios de mercado.
La resolución 1560/2025, publicada oficialmente, establece montos que varían entre $150.000 y $300.000 por cada lente, sustancialmente por encima de los valores documentados en compras directas recientes. Los médicos sumaron pruebas documentales que incluyen facturas, presupuestos y capturas del proceso licitatorio.
El PAMI justificó el nuevo esquema argumentando necesidad de trazabilidad y control de insumos, y advirtió que el nuevo precio incorpora logística y servicios complementarios. Para la entidad, el costo total de la prestación es de $565.000, menor al de otras obras sociales del país. La controversia generó un enfrentamiento entre el organismo y los profesionales, quienes advierten sobre un posible sobreprecio pagado con fondos públicos.
En el marco de las elecciones legislativas, el desarrollo de estos juicios concentra la atención política, administrativa y mediática, con movimientos en simultáneo tanto en los tribunales federales de Comodoro Py como en juzgados del interior, que ahora colaboran con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para unificar criterios sobre el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades de los involucrados.
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