El doble crimen de Paloma y Josué: seis meses sin respuestas, cinco sospechosos y un pastor en la mira

Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) salieron de sus casas en Florencio Varela el pasado 30 de enero con una excusa que resultó habitual: le dijeron a sus familias que iban al gimnasio, pero se dirigieron a un descampado cercano, un rincón conocido por ambos, a solo minutos de sus domicilios. Nadie supo más nada hasta que, dos días después, alguien encontró sus cuerpos a pocos metros del puente de Bosques.

A seis meses del doble crimen, el expediente judicial muestra muchas preguntas y pocas respuestas: no hay autores identificados y la causa está envuelta en teorías, sospechas y una lista de nombres que no termina de cerrarse.

El lugar en el conurbano sur donde aparecieron los cuerpos se encuentra rodeado de pastizales, vías del tren y algunos galpones. En la investigación, ese punto se volvió de atención no solo por lo que ocurrió allí, sino también por lo que pasaba, puertas adentro, a 60 metros de la escena: una estructura conocida en la zona como “la guardería”.

A fines de junio, la Justicia allanó ese predio, donde en uno de los galpones funcionaba una congregación evangelista autodenominada “Familias Sanas”. Según explicó a Infobae el abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, la teoría que exploran apunta a que el doble homicidio podría tener algún tipo de conexión con prácticas o rituales dentro de esa comunidad.

En esa línea, existe una versión sobre supuestas “ofrendas” exigidas dentro del grupo religioso.

Las sospechas giran en torno a un pastor que llevó adelante actividades en ese lugar hasta fines de 2019. Este hombre se mantuvo cercano a la familia de Paloma después del crimen y, de acuerdo al entorno de Josué, tendría información que no compartió en la búsqueda inicial de los adolescentes.

Justamente, su ausencia durante esos días de rastrillajes, sumado a su relación cercana con el papá de Paloma y el cierre repentino de sus redes sociales, fueron las cuestiones que provocaron las dudas en el círculo familiar del adolescente asesinado, según explican ellos mismos.

Por el momento, el fiscal de la causa, Darío Provisionato, no considera al pastor formalmente sospechoso ni tiene previsto citarlo a declarar.

En el allanamiento al predio, las autoridades solo incautaron un teléfono celular que está pendiente de peritar. Así, si bien la línea impulsada por la familia de Josué sigue en el foco, la investigación del Ministerio Público no la avala con pruebas por ahora.

La otra hipótesis

En el expediente conviven otras líneas de trabajo, más cercanas a un crimen cometido en el contexto de inseguridad, con la mira en personas en situación de calle que frecuentaban la zona del descampado.

El fiscal tiene seis nombres bajo la lupa. Surgen de registros de Desarrollo Social municipal. Del grupo, uno está internado en el Hospital Borda y quedó fuera de la investigación por motivos de salud, de acuerdo a lo que pudo saber este medio.

La Justicia busca localizar al resto para tomarles declaración, pero hasta el momento ninguno fue imputado.

Durante estos seis meses, la lista de sospechosos se amplió por aportes tanto judiciales como municipales, aunque varias de las personas enumeradas tienen antecedentes menores, como hurtos o robos de oportunidad, y no figuran como autores de hechos graves ni violentos.

Eso alimentó la sospecha en el entorno de Josué de que hay interés político en terminar el expediente cuanto antes, con acusaciones sobre punteros barriales que presionan para cerrar el caso y ofrecimientos de trabajo o vivienda a la familia de la víctima a cambio de silencio público.

Según denuncian los familiares del menor asesinado, estos pedidos buscan evitar marchas y visibilización del caso, bajo el supuesto argumento de que “no es momento para hablar del tema”.

Mientras tanto, la espera por las pruebas de ADN mantiene la causa en pausa. Fuentes judiciales comunicaron que las muestras tomadas están en resguardo, pero el laboratorio forense bonaerense atraviesa una demora considerable.

Entre las incógnitas, resta esclarecer si un tercer patrón genético hallado en las muestras de la escena puede dar una nueva pista: el resultado continúa pendiente desde marzo.

El caso

Paloma y Josué eran vecinos, alumnos de la misma secundaria y desde hacía poco tiempo se mostraban como pareja. El último día que salieron de sus casas repitieron una rutina conocida: gimnasio a la tardecita, aunque después las cámaras y los testimonios sugirieron que solo buscaban verse a solas lejos de adultos.

Así decidieron encontrarse en el campito de la Avenida Calchaquí y Capdevila, una zona donde se mezclan pastizales, basura, caminos de tierra, viviendas precarias y el galpón que hasta hace poco albergaba la iglesia.

La denuncia por su desaparición movilizó a las familias y a la Policía Bonaerense. Dos días después del último contacto, alguien que pasaba por la zona encontró los cuerpos de ambos, con Paloma boca abajo y Josué boca arriba. Faltaban sus mochilas, celulares y algo de dinero.

La autopsia confirmó lesiones graves en el cráneo de ambos adolescentes. En la escena encontraron una piedra pesada manchada con sangre, una botella con restos de sangre y rastros de instalaciones precarias, como cocinas improvisadas y carpas. Los peritos determinaron que los mataron a piedrazos, sin señales de abuso sexual.

El predio del doble crimen siempre tuvo fama de lugar peligroso, frecuentado tanto por jóvenes que buscan un poco de privacidad como por personas en situación de calle y cartoneros. Vecinos contaron a Infobae que los robos menores y episodios de violencia son habituales, y la ausencia policial aumentaba el riesgo al caer la noche.

Durante los primeros meses, la causa alternó entre hipótesis de robo, ajuste de cuentas, cuestiones personales y hasta una posible conmoción por haber presenciado algo indebido en el descampado. Se revisaron cámaras de seguridad, se tomaron testimonios en el barrio y se relevaron los ingresos al predio, pero sin resultados. En el medio, además, el expediente cambió de fiscalía.

Con el tiempo, la investigación miró hacia Río Negro. El único detenido en la causa fue un comerciante de esa provincia, donde apareció encendido uno de los celulares de Josué con el número de IMEI clonado. La Policía Federal lo arrestó y trasladó a la provincia de Buenos Aires. Él aseguró que nunca estuvo relacionado con el caso y que había comprado el aparato por Facebook tiempo antes.

Indagatorias, peritajes y cruces de antenas llevaron a que la Justicia aceptara su versión y lo liberara, aunque permanece en la mira de los investigadores solo por el recorrido del teléfono.

De esta manera, a seis meses, quedan en pie dos líneas: una centrada en el entorno y prácticas religiosas de un grupo evangelista, defendida por parte de las familias; y la hipótesis judicial vinculada a los movimientos en el sector de personas en situación de calle del barrio y posibles delitos de oportunidad.