El Gobierno postergó por tres meses la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py

En un reciente comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia de la Nación, en manos de Mariano Cúneo Libarona, informó la decisión de prorrogar por tres meses la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, con su sede medular en Comodoro Py. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el próximo 11 de agosto, algo que quedó diferido como consecuencia de “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.

“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, expresó el texto publicado por la cartera de Justicia.

“Desde el inicio de la implementación -continuó el mensaje oficial-, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“.

Luego señaló: “Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, y agregó: “No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

Y explicó: “Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”.

En rigor, el 11 de agosto iba a comenzar a regir el nuevo modelo procesal que le otorga mayores márgenes de maniobra a los fiscales, que asumen el control de la investigación penal, dejando a los jueces en posición de garantes del debido proceso. La fecha de implementación había sido fijada en la Resolución N°143/2025 del Ministerio de Justicia, firmada por Cúneo Libarona y publicada el 20 de marzo pasado. Esa norma dispuso que la aplicación del CPPF en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la justicia en lo Penal Económico. Además, estableció su puesta en vigencia a partir del 1º de diciembre en las Cámaras Federales de Corrientes y Resistencia.

La decisión ministerial generó ruido en distintos actores judiciales. Los nueve fiscales federales de primera instancia de Comodoro Py criticaron la aplicación del nuevo sistema acusatorio “sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente”. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió al ministro de Justicia una serie de notas advirtiéndole que no estaban dadas las condiciones “mínimas” e “imprescindibles” para su efectiva implementación. Los fiscales de Cámara Federal de Casación Penal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) también presentaron planteos en el mismo sentido.

En rigor, el sistema acusatorio, aprobado por el Congreso de la Nación en 2014, es un nuevo paradigma procesal para investigar las causas penales en la justicia nacional y federal. Los cambios más relevantes recaen en el cambio de roles en la pesquisa, la realización de audiencias públicas y el establecimiento de plazos máximos de duración de los procesos -tres años, o seis para las causas complejas- para que los expedientes no se extiendan en el tiempo.

Con todo, el comunicado oficial del Gobierno expresó que CPPF “comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 00:00 horas del próximo 10 de noviembre del corriente año”, mientras que el cronograma estipulado para las demás jurisdicciones “se mantendrá sin modificaciones”.

Para finalizar, el texto aseveró: “La implementación del sistema acusatorio no admite retrocesos. La ciudadanía exige una Justicia transparente, ágil y eficaz; la ley debe ser aplicada y este Gobierno no va a aceptar que se posterguen los cambios que el país necesita”.