
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó una sentencia que había condenado a una distribuidora eléctrica a pagar $30,57 millones por las lesiones que sufrió una motociclista tras caer en una avenida de Merlo, provincia de Buenos Aires. El tribunal concluyó que no se acreditó que el cable que habría provocado el accidente perteneciera a la empresa demandada ni que existiera una relación causal comprobada entre el hecho y los daños reclamados.
El fallo fue dictado por la Sala I, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dejara sin efecto, el 19 de diciembre de 2025, una decisión anterior de la propia Cámara. Con una nueva integración, los magistrados volvieron a analizar la apelación de la empresa y rechazaron en forma íntegra la demanda iniciada por la mujer accidentada.
PUBLICIDAD
La reclamante había promovido la acción judicial por un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2020, cerca de las 20.30. Según expuso en su presentación, regresaba de trabajar a bordo de una motocicleta cuando un cable que estaba cortado y tendido sobre la calzada se enredó en una de las ruedas.

De acuerdo con ese relato, la situación le hizo perder el control del vehículo y caer sobre el asfalto. La demanda sostuvo que el cable correspondía a una instalación eléctrica y que permanecía dañado desde hacía un tiempo, pese a supuestos reclamos efectuados por vecinos para que se reparara la anomalía.
PUBLICIDAD
La mujer ―de 36 años al momento del hecho denunciado― afirmó que una vecina habría realizado varios llamados a la empresa distribuidora durante la tarde y la noche del episodio. También indicó que, después de la caída, una ambulancia municipal la trasladó primero a una clínica y luego a un hospital de la zona, donde habría recibido atención por diversas lesiones.
En su escrito inicial, la demandante sostuvo que sufrió fracturas en el brazo, la pierna, un dedo de la mano y la clavícula, además de lesiones en el tórax. Señaló que estuvo internada durante seis días, que luego permaneció en reposo y que atravesó un período de movilidad reducida que afectó sus actividades habituales y sus ingresos.
PUBLICIDAD

La acción fue dirigida contra la distribuidora eléctrica bajo el argumento de que debía responder por el riesgo derivado de un cable de energía cortado y abandonado en la vía pública. La reclamante pidió inicialmente $3,5 millones por incapacidad física y psíquica, daño moral, gastos médicos, traslados y lucro cesante, además de intereses y costas.
La empresa contestó la demanda con el reconocimiento de que había existido un accidente, aunque negó que el cable involucrado formara parte de sus instalaciones. Sostuvo que en el área había tendidos pertenecientes a otras compañías, como prestadoras de telefonía o televisión por cable, y afirmó que no tenía registros de reclamos ni intervenciones vinculados con el lugar y la fecha denunciados.
PUBLICIDAD
También planteó que, si la motociclista hubiera tomado contacto con un cable eléctrico energizado, las consecuencias habrían sido distintas y podrían haber incluido una descarga. Con esos argumentos, la firma pidió que se admitiera una excepción por falta de legitimación pasiva, es decir, que se la apartara del proceso por considerar que no era responsable del elemento que habría intervenido en el hecho.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n.° 3 de Morón rechazó esa defensa y, el 18 de septiembre de 2024, hizo lugar a la demanda. La jueza entendió que ambas partes coincidían en que el accidente había ocurrido por la presencia de un cable y consideró que la compañía no había aportado elementos para demostrar que pertenecía a otra empresa o que la motociclista hubiera tenido responsabilidad en la caída.
PUBLICIDAD
La sentencia de primera instancia aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo de las cosas. Bajo ese criterio, consideró que, una vez acreditada la intervención de una cosa riesgosa y el daño, correspondía a su dueño o guardián probar una causa ajena que rompiera el vínculo con el perjuicio, como una conducta de la víctima, de un tercero o un caso fortuito.
La jueza valoró las pericias médica y psicológica, que establecieron secuelas físicas y psíquicas vinculadas con el accidente. Fijó $20 millones por incapacidad psicofísica, $520 mil para tratamiento psicológico, $50 mil por gastos de farmacia, traslados y asistencia médica, y $10 millones por daño moral. Rechazó, en cambio, el reclamo por lucro cesante al considerar que no había prueba suficiente sobre pérdidas concretas de ingresos.
PUBLICIDAD

La condena total ascendió a $30,57 millones, con intereses desde la fecha del accidente. La resolución dispuso una tasa anual del 6% hasta el dictado de la sentencia y, desde entonces, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago. Las costas quedaron a cargo de la demandada.
La Cámara modificó por completo ese criterio al analizar la apelación. Los jueces señalaron que el régimen de responsabilidad objetiva no libera a quien reclama de demostrar aspectos básicos del caso: que el accidente ocurrió de la manera denunciada, que la cosa atribuida a la demandada intervino en el daño y que existe un vínculo concreto entre ambos hechos.
PUBLICIDAD
El tribunal resaltó que la inspección ocular realizada en la causa penal no constató la presencia de un cable en el lugar señalado. También ponderó que la pericia mecánica no pudo examinar la motocicleta porque no fue presentada, que no había fotografías del vehículo ni de la escena del hecho y que la demandante desistió de la prueba testimonial por no haber impulsado a tiempo la citación de los testigos ofrecidos.
Según la Cámara, ese conjunto de circunstancias impedía tener por demostrado que el cable pertenecía a la distribuidora eléctrica, así como establecer con el grado de certeza necesario la mecánica del accidente. Por esa razón, revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda y ordenó que la reclamante afronte las costas de ambas instancias.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Caso Odebrecht: Casación revocó los sobreseimientos de un exdirectivo de CAMMESA y un empresario
La Sala I ordenó que continúe la investigación contra Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva por los pagos ilícitos vinculados con las obras de ampliación de gasoductos. Los jueces consideraron que el ejercicio de funciones públicas de otro imputado impidió la prescripción de la causa

La Corte Suprema dejó firme la condena de cuatro años de prisión al falso abogado Marcelo D’Alessio por intentar extorsionar a un empresario
El máximo tribunal rechazó un recurso contra la sentencia dictada en 2021 por las exigencias de dinero al empresario Gabriel Traficante, a quien D’Alessio le reclamó 90.000 dólares para evitar que quedara involucrado en la causa conocida como la “mafia de los contenedores”

La Corte Suprema dejó firme una condena por el tráfico de 11.000 pastillas de éxtasis destinadas a fiestas electrónicas
Eran dosis destinadas a la provincia de Córdoba que pasaron la frontera desde Brasil. Un control de rutina en Entre Ríos interceptó el cargamento

Corrupción en Chaco: la Corte dejó firme la condena a un exfuncionario por el manejo de fondos de publicidad oficial
Horacio Rey, exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Domingo Peppo, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por asociación ilícita. La causa investigó contrataciones irregulares y presuntos desvíos de recursos del fideicomiso FAPPO

Un hombre aceptó pedir disculpas y visitar el Museo del Holocausto a cambio de no ir a juicio por publicaciones antisemitas
El acusado obtuvo la suspensión del juicio a prueba: deberá publicar su arrepentimiento en el mismo sitio donde posteó su mensaje


