Había ganado un juicio de $30 millones por una caída con la moto, pero ahora la Cámara revocó la indemnización

Una mujer había logrado una resarcimiento de $30.570.000 en primera instancia luego de denunciar que un cable suelto provocó su caída en moto y graves lesiones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el fallo y rechazó la demanda contra la empresa de energía

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó la condena de 30,57 millones de pesos impuesta a una distribuidora eléctrica por el accidente de una moto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón revocó una sentencia que había condenado a una distribuidora eléctrica a pagar $30,57 millones por las lesiones que sufrió una motociclista tras caer en una avenida de Merlo, provincia de Buenos Aires. El tribunal concluyó que no se acreditó que el cable que habría provocado el accidente perteneciera a la empresa demandada ni que existiera una relación causal comprobada entre el hecho y los daños reclamados.

El fallo fue dictado por la Sala I, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dejara sin efecto, el 19 de diciembre de 2025, una decisión anterior de la propia Cámara. Con una nueva integración, los magistrados volvieron a analizar la apelación de la empresa y rechazaron en forma íntegra la demanda iniciada por la mujer accidentada.

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La reclamante había promovido la acción judicial por un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2020, cerca de las 20.30. Según expuso en su presentación, regresaba de trabajar a bordo de una motocicleta cuando un cable que estaba cortado y tendido sobre la calzada se enredó en una de las ruedas.

Captura de vista de calle en una esquina urbana con carteles de señalización, árboles, postes, tendido eléctrico y un automóvil estacionado
La motociclista denunció que perdió el control de su vehículo cuando un cable suelto en la calzada trabó una de las ruedas en octubre de 2020. Imagen del informe del perito ingeniero mecánico (Poder Judicial)

De acuerdo con ese relato, la situación le hizo perder el control del vehículo y caer sobre el asfalto. La demanda sostuvo que el cable correspondía a una instalación eléctrica y que permanecía dañado desde hacía un tiempo, pese a supuestos reclamos efectuados por vecinos para que se reparara la anomalía.

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La mujer ―de 36 años al momento del hecho denunciado― afirmó que una vecina habría realizado varios llamados a la empresa distribuidora durante la tarde y la noche del episodio. También indicó que, después de la caída, una ambulancia municipal la trasladó primero a una clínica y luego a un hospital de la zona, donde habría recibido atención por diversas lesiones.

En su escrito inicial, la demandante sostuvo que sufrió fracturas en el brazo, la pierna, un dedo de la mano y la clavícula, además de lesiones en el tórax. Señaló que estuvo internada durante seis días, que luego permaneció en reposo y que atravesó un período de movilidad reducida que afectó sus actividades habituales y sus ingresos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La demandante reclamó una indemnización por fracturas en las extremidades y el tórax tras permanecer internada durante seis días en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción fue dirigida contra la distribuidora eléctrica bajo el argumento de que debía responder por el riesgo derivado de un cable de energía cortado y abandonado en la vía pública. La reclamante pidió inicialmente $3,5 millones por incapacidad física y psíquica, daño moral, gastos médicos, traslados y lucro cesante, además de intereses y costas.

La empresa contestó la demanda con el reconocimiento de que había existido un accidente, aunque negó que el cable involucrado formara parte de sus instalaciones. Sostuvo que en el área había tendidos pertenecientes a otras compañías, como prestadoras de telefonía o televisión por cable, y afirmó que no tenía registros de reclamos ni intervenciones vinculados con el lugar y la fecha denunciados.

También planteó que, si la motociclista hubiera tomado contacto con un cable eléctrico energizado, las consecuencias habrían sido distintas y podrían haber incluido una descarga. Con esos argumentos, la firma pidió que se admitiera una excepción por falta de legitimación pasiva, es decir, que se la apartara del proceso por considerar que no era responsable del elemento que habría intervenido en el hecho.

Una persona en silla de ruedas con reposabrazos rojos sostiene un folder beige. Viste blusa de puntos y pantalones claros. El fondo del pasillo es borroso.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Morón aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas en su sentencia inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n.° 3 de Morón rechazó esa defensa y, el 18 de septiembre de 2024, hizo lugar a la demanda. La jueza entendió que ambas partes coincidían en que el accidente había ocurrido por la presencia de un cable y consideró que la compañía no había aportado elementos para demostrar que pertenecía a otra empresa o que la motociclista hubiera tenido responsabilidad en la caída.

La sentencia de primera instancia aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo de las cosas. Bajo ese criterio, consideró que, una vez acreditada la intervención de una cosa riesgosa y el daño, correspondía a su dueño o guardián probar una causa ajena que rompiera el vínculo con el perjuicio, como una conducta de la víctima, de un tercero o un caso fortuito.

La jueza valoró las pericias médica y psicológica, que establecieron secuelas físicas y psíquicas vinculadas con el accidente. Fijó $20 millones por incapacidad psicofísica, $520 mil para tratamiento psicológico, $50 mil por gastos de farmacia, traslados y asistencia médica, y $10 millones por daño moral. Rechazó, en cambio, el reclamo por lucro cesante al considerar que no había prueba suficiente sobre pérdidas concretas de ingresos.

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El tribunal de apelación desestimó la demanda por la falta de pruebas sobre la mecánica del siniestro e impuso las costas a la mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena total ascendió a $30,57 millones, con intereses desde la fecha del accidente. La resolución dispuso una tasa anual del 6% hasta el dictado de la sentencia y, desde entonces, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago. Las costas quedaron a cargo de la demandada.

La Cámara modificó por completo ese criterio al analizar la apelación. Los jueces señalaron que el régimen de responsabilidad objetiva no libera a quien reclama de demostrar aspectos básicos del caso: que el accidente ocurrió de la manera denunciada, que la cosa atribuida a la demandada intervino en el daño y que existe un vínculo concreto entre ambos hechos.

El tribunal resaltó que la inspección ocular realizada en la causa penal no constató la presencia de un cable en el lugar señalado. También ponderó que la pericia mecánica no pudo examinar la motocicleta porque no fue presentada, que no había fotografías del vehículo ni de la escena del hecho y que la demandante desistió de la prueba testimonial por no haber impulsado a tiempo la citación de los testigos ofrecidos.

Según la Cámara, ese conjunto de circunstancias impedía tener por demostrado que el cable pertenecía a la distribuidora eléctrica, así como establecer con el grado de certeza necesario la mecánica del accidente. Por esa razón, revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda y ordenó que la reclamante afronte las costas de ambas instancias.

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