Nuevo cuestionamiento por el sistema acusatorio en Comodoro Py: dicen que no hay tiempo suficiente para implementarlo

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió una nota al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en el que le advirtió que la fecha del próximo 11 de agosto para aplicar el sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py ″no es suficiente" para implementarlo en “al menos las mínimas readecuaciones imprescindibles”.

Casal no pidió la postergación de la fecha pero en tribunales se leyó su nota con esa idea. “Como estamos es imposible llegar al 11 de agosto”, resumió un fiscal a Infobae. La relación entre la Procuración y el gobierno nacional ya era tensa por este tema. El Ministerio de Justicia se mantenía firme con la fecha.

El sistema acusatorio es un nuevo modelo para investigar las causas penales en la justicia nacional y federal que en 2014 aprobó el Congreso de la Nación con el Código Procesal Penal Federal. Los cambios más importantes son dos. El primero que las investigaciones estarán a cargo de los fiscales y que los jueces pasarán a actuar en un rol de garantes del proceso. El segundo es que todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración -tres años, o seis para las causas complejas- para que los expedientes no duren décadas como ocurre actualmente.

En el ámbito federal, el sistema acusatorio se implementó en 2019 en Salta y Jujuy. Pero luego se frenó. Con la llegada de Javier Milei se llevó a gran parte del país. Hoy está también en las jurisdicciones de Santa Fe, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan a 11 provincias y un sector de la de Buenos Aires. A partir del 11 de agosto llega a Comodoro Py y a la justicia en lo Penal Económico. Y desde diciembre a Chaco y Corrientes.

El nuevo sistema requiere más recursos y siempre ese punto fue tema de discusión en todas las provincias donde se aplicó. Pero eso se agudiza más en Comodoro Py por la cantidad de causas complejas -corrupción, narcotráfico, contrabando, crimen organizado- que allí se tramitan.

Casal y los fiscales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico le mandaron distintas notas a Cúneo Libarona en la que marcaron esa problemática. Inclusive señalaron que “existe el riesgo de que los procesos fracasen”.

A casi un mes de la fecha del 11 de agosto, Casal le envió otra nota al gobierno. “Me encuentro frente al deber institucional de reiterar que el cuadro de situación actual del proceso de instauración resulta preocupante y amerita un trabajo coordinado de todos los actores enderezado a superarlo”, sostuvo el Procurador en su nota a la que accedió este medio.

Allí resume que se hicieron cursos de capacitación, que se avanzó en reformas edilicias y tecnológicas, sobre la falta de personal en las Fiscalías en comparación con los juzgados -40 fiscales sobre 71 jueces y tres veces menos de empleados y funcionarios-, la cantidad de causas complejas, las vacantes que hay y la negativa del gobierno nacional a dar más presupuesto.

Sobre el último punto, Casal explicitó que esta semana se realizó una reunión en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía en la que su titular, Carlos Guberman, “remarcó que no se van a otorgar actualizaciones -que se vienen solicitando en lo que al Ministerio Público Fiscal respecta desde antes que se inicie el proceso actual de implementación- en los créditos presupuestarios en el actual ejercicio y pidió un esfuerzo en reducir un 2,5% en los ya otorgados”.

“En consecuencia, se observan con claridad los riesgos -en general- de abordar la aplicación de una modificación procesal e institucional de esta índole sin que uno de sus actores centrales cuente con los medios que requiere para llevar adelante una función tan esencial como lo es la investigación criminal. Ahora bien, cuando esa decisión repercute en la jurisdicción federal en la que tramita un número sustancialmente mayor de causas a las del resto del país -y que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de casos de complejidad de trascendencia institucional-, es inevitable concluir que directamente se ve comprometida la eficacia misma de un cambio de ordenamiento ritual que exige de los tiempos, recursos y cooperación”, sostuvo Casal.

Y concluyó: “Las características específicas del stock de causas en trámite en los fueros federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, las consideraciones efectuadas por la totalidad de los magistrados que deberán afrontar esta transición y las necesidades materiales insatisfechas relativas a jurisdicciones donde ya rige el Código, entonces, se añaden a que el término fijado por su Ministerio para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante -al menos- las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha, ni tampoco para dar solución a las restantes problemáticas reseñadas”.

Por último, el Procurador General -que le envió copia de la nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti-le pidió al Ministerio de Justicia que “de no compartirse el criterio antes expuesto en cuanto a los riesgos que la situación importa, le solicito tenga a bien remitir a este organismo un cuadro de situación y análisis en virtud de las obligaciones que se desprenden de las funciones asumidas por el DNU 188/24, que permita despejar o tener garantizado que, pese a las carencias apuntadas en las distintas notas y diagnósticos, estarán dadas las condiciones para poder comenzar la aplicación del nuevo sistema procesal el 11 de agosto próximo sin que ello resulte un obstáculo tanto para el adecuado desarrollo de las investigaciones ya en trámite, como para las que se inicien a partir de esa fecha”.

En paralelo, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal dictaron distintas resoluciones para el sistema acusatorio. Una de ellas fue crear los colegios de jueces que actuarán en el nuevo modelo. También la Cámara Federal creó y puso en funcionamiento la Oficina Judicial para el sistema acusatorio.