
La disputa por la herencia de la intelectual y escritora argentina Beatriz Sarlo, fallecida el año pasado, quedará en manos de un nuevo juez. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones apartó a Carlos Goggi, a cargo del juzgado Civil 91, y admitió nuevamente como posible heredero a Alberto Sato, el esposo de Sarlo, de quien estaba separado de hecho desde hace décadas. También deberá presentarse en la causa el Gobierno de la Ciudad, para el caso en que la Justicia determine que no hay herederos directos.
En coincidencia con la opinión del fiscal Juan Ignacio Lorenzutti, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la exclusión del arquitecto Alberto Sato de la sucesión de los bienes de la escritora. El apartamiento de Sato había sido pedido por la defensa del encargado del edificio, Melanio Alberto Meza López, quien reclama derechos sobre los bienes.
Además, la Cámara decidió darle intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Ocampo, para que sea parte del expediente. Esto se debe a que la legislación establece que, ante la eventual ausencia de herederos directos, los bienes podrían pasar al dominio del Estado.
Con el apartamiento del juez a cargo del Juzgado Nacional 91, se deberá enviar el expediente al Centro de Informática para que se sortee un nuevo magistrado, antes del comienzo de la feria judicial.
Las razones de la Cámara
El juez Goggi había decidido apartar a Sato de la causa porque entendió que estaba separado de hecho al momento del fallecimiento de Sarlo. Sin embargo, en contra de este argumento, la Cámara sostuvo que no se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
Además, los jueces indicaron que el juicio de sucesión no es la vía adecuada para determinar si se cumplen las condiciones previstas por el artículo 2437 del Código Civil, que regula la exclusión del derecho hereditario entre cónyuges separados de hecho sin intención de reconciliación. Sarlo y Sato se habían casado en 1966 y nunca se divorciaron, a pesar de haber vivido separados desde los años 70.
El abogado defensor de Sato, Agustín Lipovsek Albores, había calificado de “arbitraria” la decisión del juez Goggi y también reprochó la falta de medidas de preservación de los bienes de Sarlo.
Tres partes en pugna
El proceso de sucesión, que se centra en el legado de Sarlo, enfrenta ahora a tres partes: su esposo, Alberto Sato; el encargado del edificio, Melanio Alberto Meza López; y el gobierno porteño.
Meza López presentó supuestas cartas manuscritas de la intelectual fechadas en 2024, en las cuales le cedería un departamento en Caballito y la tenencia de su gata, Niní. Estos documentos son evaluados actualmente por una pericia caligráfica para determinar su autenticidad.
Uno de los textos que el encargado presentó ante la Justicia data de 9 de junio de 2024 y dice: “Yo, Beatriz Sarlo, quiero dejar certificada mi voluntad de que, en caso de mi desaparición u otro accidente, mi gata Niní deberá quedar a cargo de Alberto Meza. Certifico con mi firma”.
Un segundo escrito, también de puño y letra y fechado el 2 de agosto de 2024, sostiene: “Alberto Meza, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Niní, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo. Beatriz Sarlo”.

Por otro lado, Sato insiste en que él es el principal heredero, argumentando que, aunque estaban separados, seguían unidos en el ámbito privado. Su entorno cercano expresó la intención de usar el patrimonio para fines filantrópicos que preservaran el legado cultural de Sarlo.
Entre los bienes en disputa se encuentran dos propiedades y los derechos de autor de la obra de Sarlo. La validez jurídica de los documentos presentados por el encargado del edificio es clave para determinar cómo se resolverá el caso. Mientras tanto, han surgido problemas adicionales, como el posible remate no autorizado de libros y discos emblemáticos de la colección personal de Sarlo y su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, también fallecido.
El supuesto testamento presentado por Melanio Meza López es un “testamento ológrafo”, que según el Código Civil debe cumplir con ciertos requisitos para ser válido, incluyendo escritura de puño y letra, fecha y firma. Sin embargo, la defensa de Sato ha señalado que el lenguaje usado por Sarlo en los escritos no refleja una intención testamentaria clara, lo que abre la puerta a nuevos debates legales. La discusión seguirá con un nuevo juez.
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