La Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones

Lo había solicitado su defensa, que a su vez presentó un listado de personas para que ingresen al departamento de San José 1111 sin autorización judicial

Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
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El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que pudiera recibir visitas sin restricciones en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria. En cambio, ahora los jueces analizan un listado de personas que accederán a verla sin necesidad de autorización judicial previa.

Son dos presentaciones que había formulado el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, en los tribunales Comodoro Py. Sobre la lista -solicitada previamente por la Justicia-, el defensor pidió expresamente que se mantengan bajo reserva su composición. Solamente se conoció que allí hay familiares, médicos, custodios y abogados.

En la resolución judicial, a la que tuvo acceso Infobae, el TOF N° 2 -compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- respondió que el “rechazo a las pautas de conducta” que formalizó la defensa “no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados” previamente por el tribunal.

Según anticiparon desde el entorno de la ex presidenta, la resolución será apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Los argumentos de la defensa

Tal como adelantó este medio, el argumento central de la defensa de CFK fue que “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional”.

Y, de la misma manera, la legislación “no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”, esgrimieron.

La propia CFK lo calificó en sus redes sociales como “un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie”, y que además es “violatorio de mis más elementales derechos civiles”.

Gregorio Dalbón, otro de los abogados de Cristina Kirchner, se quejó de la decisión del TOF N° 2 y advirtió que el régimen de visitas es “un castigo extra”, además de la condena: “A los genocidas los puede visitar cualquiera, ¿pero a Cristina si un presidente como Lula Da Silva quiere visitarla le tiene que preguntar al tribunal?”, cuestionó en diálogo con Infobae.

“Esto es ridículo, ¿quiénes son los jueces para permitir o no quién visita a Cristina? Demuestran nuevamente la ridiculez, como cuando tuvieron que aclarar lo del balcón”, reprochó el abogado.

La ex presidenta Cristina Kirchner saludando a la militancia desde su balcón. REUTERS/Matias Baglietto

La ex presidenta Cristina Kirchner saludando a la militancia desde su balcón. REUTERS/Matias Baglietto


Dalbón hizo referencia a la controversia sobre las condiciones que debe cumplir CFK en San José 1111. Los jueces le pidieron que evite “adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Ese párrafo derivó en un pedido de aclaratoria para definir si podía o no salir al balcón.

“A fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, precisaron luego los jueces.

Otra de las condiciones de la ejecución de la pena por la condena en la causa Vialidad es la utilización de una tobillera electrónica para garantizar el monitoreo de la ex mandataria.

La colocación ocurrió el jueves y estuvo a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.

Se trata de otro de los aspectos que intentará revertir la defensa de Cristina Kirchner, con la presentación de distintos recursos ante instancias superiores al Tribunal Oral Federal N° 2.

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