Un grupo de campesinos denunció este martes al Estado paraguayo por presuntos crímenes de lesa humanidad tras la muerte de 10 agricultores durante la represión a miembros de una comunidad que reclamaba acceso a tierras en la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en el conocido “caso de Caaguazú”.
El abogado de los denunciantes, Pedro Santa Cruz, explicó a la agencia de noticias EFE que los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 1980. Ese día, unos 20 campesinos de la comunidad Acaraymi, ubicada en el departamento de Alto Paraná, integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), fueron atacados cuando se dirigían en autobús al Instituto de Bienestar Rural (IBR) en la región de Caaguazú.
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Los labriegos buscaban denunciar la persecución que sufrían para ser despojados de sus tierras.
El autobús fue interceptado por fuerzas de la dictadura, que dispararon contra el vehículo. Los ocupantes descendieron y se internaron en una zona boscosa.
Algunos campesinos fueron detenidos, y 10 resultaron asesinados. Sus cuerpos permanecen desaparecidos desde entonces, según la denuncia presentada y versiones de ONG de derechos humanos.
“Son crímenes de lesa humanidad, la persecución a una comunidad civil donde participó el Estado paraguayo a través de una cadena de mando”, afirmó Santa Cruz, quien sostuvo que en el operativo participaron presuntamente militares, policías y milicianos.
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Santa Cruz señaló que la comunidad decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público tras 46 años, debido a “la inacción del Estado paraguayo para investigar estos crímenes”.
Según el movimiento latinoamericano Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), los 20 labriegos de Acaraymi, incluyendo niños y adolescentes, viajaron a Caaguazú tras “haber soportado siete años de continua persecución y represión” por parte de la familia de un general que afirmaba ser propietaria de las tierras donde vivía la comunidad.
Este episodio se enmarca dentro de la “represión sistemática” contra las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), un movimiento de autoorganización campesina surgido en 1960 en Paraguay, según la Comisión de Verdad y Justicia, creada en 2003 para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre 1954 y ese año.
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