La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas contra tres agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) que participaron de un esquema de corrupción en la comisaría N° 35 que tiene la fuerza en el barrio porteño de Núñez. Se trata del expediente conocido como “caso Potocar”, con el que se reveló que los uniformados de esta seccional exigían coimas a comerciantes y trapitos.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, uedaron confirmadas las sentencias a Sergio G. Ríos, Alejandro Malfetano y Marciano A. Quiroga, quienes enfrentan una pena de 3 años de prisión por asociación ilícita y concusión. Por separado, sus defensas habían presentado distintos recursos para apelar.
Según se determinó en la causa, estos policías eran los encargados de la recaudación ilegal. Durante 2016, les pidieron plata a comerciantes y vecinos de Núñez y Saavedra a cambio de una “protección privilegiada”, y lo mismo hacían con los cuidacoches, con la contraprestación de dejarlos trabajar. Las sumas oscilaban entre los $2000 y $3000 por semana.
Ríos, Malfetano y Quiroga fueron condenados en primera instancia el 13 de mayo de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16. En ese momento les habían impuesto penas de tres años y seis meses de cárcel.
Después la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional les redujo medio año de condena y determinó que su cumplimiento sea efectivo. A continuación, las defensas interpusieron recursos extraordinarios la Cámara de Casación declaró inadmisibles. Las quejas contra esta última decisión fueron las que resolvió la Corte Suprema esta semana.
Ríos, Malfetano y Quiroga eran el último eslabón de una cadena de corrupción policial que tenía a la cabeza al comisario Norberto Villarreal, quien fue jefe de la comisaría desde febrero de 2016 hasta agosto del mismo año, cuando allanaron la dependencia por las sospechas sobre las coimas. Estuvo prófugo un año y medio antes de entregarse.
Junto al él llegaron a juicio otros altos mandos de la policía, pero todos resultaron absueltos por falta de pruebas. El primer jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar -en ese momento era comisario inspector de la Dirección General de Comisarías-, Guillermo Calviño, superintendente de Seguridad Metropolitana de la PFA y también ex titular de la fuerza porteña, y Susana Aveni, jefa de la Circunscripción VII de la PFA, fueron señalados como protectores de Villarreal.
Al entonces titular de la comisaría N° 35 de la Policía Federal le dictaron cinco años y seis meses de condena.
Otros dos acusados, los subcomisarios Marcelo Stefanetti y Hernán Kovacevich, también fueron absueltos. En sus casos, el fiscal José María Campagnoli había solicitado cuatro años y seis meses de cárcel. Stefanetti protagonizó un giro durante el juicio: tanto él como Kovacevich, habían sido quienes involucraron en la causa a Potocar, Calviño y Aveni. Sin embargo, ante el tribunal, se arrepintió de sus dichos.
El comisario Villareal también declaró en el juicio. Tras pasar más de un año y medio prófugo y luego entregarse, aseguró que Potocar lo instó a que “no sea cagón y que lleve la comisaría adelante”. También afirmó que repartía el dinero con sus superiores.
Un factor determinante para absolver a Potocar, Calviño y Aveni fue que la Justicia no pudo detectar grandes saltos en sus patrimonios, bienes llamativos o testaferros vinculados, según supo por entonces Infobae.
En la época, el caso fue de altísimo impacto político porque implicó la remoción de la primera cúpula de la Policía de la Ciudad -con Potocar a la cabeza- desde su creación.
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