Tres jueces, un fallo dividido y 500 opositores: el dilema inminente que sacude a la Corte Suprema

La Corte Suprema de la Nación inicia el año con un panorama complejo. El tribunal se reunirá hoy en su primer acuerdo plenario de 2025, enfrentando dos retos principales: operar con solo tres de los cinco jueces que deberían integrarla, y abordar la resistencia de unos 500 jueces nacionales que rechazan depender de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Estos temas, que han generado tensiones dentro del Poder Judicial, serán el eje de las discusiones en el máximo tribunal.

El conflicto se intensificó tras el fallo ”Levinas”, firmado el pasado 27 de diciembre, cuando la Corte Suprema aún contaba con cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En esa decisión, los tres primeros habilitaron al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar recursos extraordinarios contra decisiones de jueces nacionales. Sin embargo, la jubilación de Maqueda, a finales de año, dejó al tribunal con solo tres integrantes, lo que complica la resolución de los múltiples planteos que surgieron tras el fallo.

La ausencia de Maqueda obliga a los jueces Rosatti y Lorenzetti a tratar de buscar puntos de coincidencia con Rosenkrantz, quien votó en disidencia en el fallo “Levinas”. Este último argumentó que la medida representa un cambio institucional significativo. Uno de los temas que se debatirá hoy será la posibilidad de establecer un compás de espera para implementar el nuevo esquema judicial. Además, se evaluará si corresponde rechazar el planteo de la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación” (AMFJN), que no es parte directa en la causa y por lo tanto no podría cuestionar formalmente la medida.

Mientras tanto, la designación de nuevos jueces para completar el tribunal se encuentra en manos del Congreso Nacional, donde se decidirá si Ariel Lijo y Manuel García Mansilla son aprobados por los dos tercios del Senado. Hasta entonces, la Corte Suprema deberá recurrir a conjueces para resolver los casos en los que no se logren tres votos concurrentes.

Este fallo ha generado una fuerte oposición entre los jueces nacionales, fiscales y defensores, quienes rechazan la posibilidad de ser transferidos a la órbita de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Este conflicto tiene raíces profundas. En este fallo, la Corte recordó que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación irregular, ya que a pesar de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y locales para traspasar las competencias judiciales, aún coexisten la justicia local y la nacional en la llamada competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal).

La medida limita la intervención de la Corte Suprema en los casos que ahora quedarían bajo revisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, lo que ha generado incertidumbre y rechazo entre los magistrados nacionales. En este contexto, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó la suspensión del fallo, argumentando que los fiscales no pueden apelar causas ante la justicia de la Ciudad.

Esta semana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) presentó un documento de 40 páginas firmado por su presidente, el juez Andrés Basso, en el que se expresa el rechazo a la medida.

Por su parte, los jueces de la Cámara Nacional Civil también manifestaron su oposición al fallo, señalando que “ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales”. Argumentaron que esta decisión altera la estructura del Poder Judicial, afecta la división de poderes y genera incertidumbre en los litigantes, además de provocar demoras y mayores costos.

En tanto, ayer los integrantes de la Cámara Nacional en lo Comercial solicitaron la convocatoria a un plenario para evitar que las diferentes salas emitan sentencias contradictorias, lo que refleja la magnitud del conflicto generado por el fallo “Levinas”.

La Corte Suprema enfrenta el desafío de gestionar una transición ordenada en medio de un clima de tensión y resistencia. La financiación de la justicia nacional en la Capital Federal y la resolución de casos de relevancia política también añaden complejidad a la situación. Aunque los jueces nacionales continúan buscando estrategias para frenar la implementación del nuevo esquema, todo indica que la Corte Suprema podría aceptar un compás de espera, pero sin retroceder en la decisión tomada.

La reunión de hoy será clave para definir los próximos pasos en este proceso, que no solo afecta a la estructura del Poder Judicial, sino también a la relación entre la justicia nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.