Le explotó el auto por una fuga en el sistema de GNC: 18 años después, la Justicia determinó quiénes fueron los responsables

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial elevó a $30 millones la indemnización por las secuelas de una explosión de gas en un automóvil, ocurrida en octubre de 2008, y confirmó la responsabilidad de quienes intervinieron en la revisión, certificación y habilitación del sistema de GNC. La decisión dejó sin efecto la condena contra la empresa que había instalado originalmente el equipo cuatro años antes del hecho.

El reclamo fue promovido por el titular de un Volkswagen Gol, quien denunció que el 24 de octubre de 2008 sufrió quemaduras en el rostro y los brazos cuando se produjo una explosión dentro de su vehículo. Según expuso en la demanda, el gas se habría acumulado en el habitáculo y se habría encendido al accionar el contacto del automóvil, después de una revisión técnica realizada pocas semanas antes.

El demandante —que al momento del hecho tenía 47 años y falleció diez años después (el proceso fue seguido por sus herederos)— sostuvo que en septiembre de 2008 había llevado el rodado a un taller para cumplir con la revisión periódica exigida para los equipos de GNC. En ese procedimiento se desmontó el cilindro, se le colocó una válvula de bloqueo y se realizó una prueba hidráulica. Luego, una firma que actuaba como productora del equipo completo intervino para autorizar la emisión de la oblea de seguridad.

De acuerdo con la presentación judicial, el sistema había sido instalado en mayo de 2004 y había funcionado durante varios años sin incidentes. El reclamante afirmó que, tras la explosión, fue atendido inicialmente en un hospital de la zona y luego derivado al Hospital de Quemados, donde le diagnosticaron lesiones de distinto grado en el 6% de su cuerpo.

La demanda reclamó una reparación por incapacidad física, daño estético, perjuicio psicológico, daño moral, gastos médicos, daños al vehículo, inutilización del sistema de GNC, depreciación venal y privación de uso. También incluyó un pedido por tratamiento psicológico y por las consecuencias del accidente en su vida social y familiar.

En junio de 2024, el juzgado de primera instancia hizo lugar parcialmente al planteo y condenó a tres de las firmas demandadas a pagar $200.700 más intereses, con extensión a las aseguradoras dentro de los límites de las pólizas. La sentencia consideró que existía una relación de consumo y aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

La jueza de primera instancia entendió que el dueño del vehículo era consumidor final del servicio y que quienes participaron de la revisión, certificación y habilitación del equipo debían responder como proveedores. El fallo señaló que, ante un daño provocado por el riesgo de una cosa o por una prestación defectuosa, la ley impone responsabilidad solidaria salvo que los involucrados demuestren que la causa les fue ajena.

En cambio, la sentencia rechazó la acción contra la empresa importadora del cilindro. La decisión se apoyó en la pericia mecánica, que no encontró elementos que vincularan el tubo de gas con la explosión. El informe indicó que el cilindro estaba en buen estado de conservación y que no se detectaron pérdidas en sus válvulas, roscas ni conexiones.

El peritaje mecánico fue central para definir el caso. El experto concluyó que la explosión se originó por una pérdida de gas que se mezcló con el oxígeno del aire y entró en combustión, posiblemente a causa de una chispa. Aunque no pudo establecer el punto exacto de la fuga, indicó que podía deberse a una fisura en la cañería de alta presión o a una falla del regulador de presión o de la válvula solenoide.

También se detectaron deficiencias en otros componentes del sistema. La pericia registró que el conducto plástico de venteo y su cobertura de seguridad estaban deteriorados, mientras que el manómetro de presión estaba roto. Según el informe, esos desperfectos debieron haber sido advertidos y corregidos durante la revisión que culminó con la habilitación del equipo.

Tras las apelaciones, la Sala E de la Cámara Comercial confirmó que el taller, el centro de revisión periódica y la empresa que validó la oblea debían responder por los daños. Los jueces consideraron que todos intervinieron en el procedimiento de control realizado un mes antes de la explosión y que ninguno acreditó una causa externa que permitiera desvincularlo del hecho.

La Cámara destacó que la falta de precisión sobre el punto de fuga no liberaba automáticamente a los proveedores. Señaló que una revisión aprobada debía garantizar condiciones seguras de funcionamiento hasta la siguiente inspección obligatoria y que la explosión, ocurrida pocas semanas después de la certificación, constituía un indicio de una falencia en los controles realizados.

El tribunal, sin embargo, excluyó de la condena a la empresa que había colocado el equipo original en 2004. Consideró que el vehículo había funcionado durante un período prolongado sin inconvenientes y que no había pruebas que atribuyeran el accidente a defectos de aquella instalación. Además, la revisión posterior había quedado a cargo de otros integrantes de la cadena de prestación del servicio.

En materia indemnizatoria, la Cámara elevó el resarcimiento por incapacidad física y daño estético de $75.000 a $15 millones, al valorar las quemaduras de segundo grado, las cicatrices permanentes y la incapacidad física del 6%. También incrementó el rubro por daño psicológico de $60.000 a $5 millones, a partir de la pericia que detectó ansiedad, temor, dificultades vinculares y una incapacidad psíquica estimada en 13%, con un componente permanente del 2%.

El daño moral fue fijado en $10 millones, frente a los $40.000 establecidos en primera instancia. La Cámara tuvo en cuenta las circunstancias de la explosión, las lesiones sufridas, el tratamiento posterior y el padecimiento derivado de haber estado dentro del vehículo al momento del siniestro. En cambio, mantuvo los $15.000 por gastos médicos y farmacéuticos, los $3.000 por el daño al sistema de GNC y los $5.000 por depreciación venal.

El tribunal también revocó la indemnización de $2.700 por privación de uso, porque el automóvil continuó en funcionamiento con nafta y no se acreditó que el demandante hubiera quedado privado de utilizar el vehículo. A la vez, admitió una reparación de $6.000 por los daños materiales del rodado, pese a que no hubiera sido reparado, dado que la pericia había constatado deterioros en tapizados, paneles, techo, puerta y baúl.

Para los rubros calculados a valores actuales, la Cámara dispuso una tasa pura del 6% anual desde el 24 de octubre de 2008 hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. Para los demás conceptos, ordenó aplicar la tasa activa del Banco Nación hasta el 17 de enero de 2026 y, desde entonces, la Tasa de Intereses Moratorios publicada por el Banco Central hasta el pago efectivo.