Trabajó en el negocio de su marido, se ocupó de la familia y quedó fuera tras el divorcio: ordenaron una compensación

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ordenó que un hombre pague una compensación económica de $18.401.185,44 a su exesposa, al concluir que la ruptura matrimonial la dejó en una posición desfavorable frente a quien continuó al frente de la actividad comercial que había sostenido los ingresos familiares durante años.

La sentencia revocó un fallo de primera instancia que había rechazado la demanda. Por mayoría, los jueces entendieron que la mujer acreditó un desequilibrio económico derivado del divorcio, luego de más de 25 años de matrimonio y de una distribución de roles que limitó sus posibilidades de construir una trayectoria laboral y previsional autónoma.

La reclamante había iniciado la acción tras el divorcio, decretado en noviembre de 2020. Solicitó una compensación económica de $4.500.000, o la suma que surgiera de las pruebas. Sostuvo que durante la convivencia colaboró en los comercios familiares, asumió tareas domésticas y de cuidado de las hijas de la pareja, y postergó oportunidades de desarrollo laboral propio.

Según planteó en su demanda, al finalizar el vínculo quedó fuera de la actividad comercial que había constituido la principal fuente de ingresos de la familia. También afirmó que no contaba con empleo estable ni con aportes previsionales suficientes, mientras su exesposo continuó con la explotación del negocio.

El demandado pidió el rechazo del reclamo. Señaló que la actividad comercial había comenzado antes del matrimonio y sostuvo que la participación de su exesposa había sido ocasional. Además, afirmó que ella permanecía en la vivienda familiar, obtenía recursos de actividades propias y alquileres, y había recibido bienes tras la división del patrimonio formado durante la unión.

La jueza de primera instancia rechazó la acción el 10 de noviembre de 2025. Consideró que no se había demostrado el requisito central de este tipo de reclamos: un desequilibrio económico evidente que hubiera empeorado la situación de uno de los integrantes de la pareja como consecuencia directa del matrimonio y de su ruptura.

Para fundamentar esa decisión, la magistrada valoró que la demandante no poseía bienes registrables al comienzo de la relación y que, tras el divorcio, recibió inmuebles en la liquidación del régimen patrimonial. También tuvo en cuenta que contaba con ingresos por alquileres y que había desarrollado actividades económicas, por lo que entendió que su situación patrimonial había mejorado respecto del inicio del matrimonio.

La mujer apeló y cuestionó ese criterio. Argumentó que el análisis no debía centrarse en los bienes obtenidos años después de la separación ni en el resultado de la liquidación patrimonial, sino en las condiciones en las que quedó cada integrante de la pareja al momento del quiebre de la convivencia.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones coincidió con ese planteo. Los jueces señalaron que la compensación económica no tiene como fin dividir nuevamente los bienes ni igualar los patrimonios de los ex cónyuges. Su objetivo consiste en corregir una desventaja económica relevante producida por el fin de la vida en común, en particular cuando uno de los integrantes dejó de lado su inserción laboral o su desarrollo profesional para sostener el proyecto familiar.

El tribunal sostuvo que la comparación debía hacerse en dos planos. Por un lado, debía analizarse la situación de cada integrante de la pareja frente al otro después de la separación. Por otro, debía revisarse la evolución económica antes, durante y después de la convivencia, con una proyección razonable hacia el futuro.

En ese marco, la Cámara consideró probado que la mujer participó durante buena parte del matrimonio en la organización económica familiar, vinculada a la actividad comercial, mientras también asumió tareas de cuidado y domésticas. Tras la ruptura, el hombre continuó de manera exclusiva con el comercio, mientras ella debió buscar fuentes de ingreso de menor escala.

Los jueces también evaluaron un antecedente entre las mismas partes referido a la liquidación del régimen patrimonial matrimonial. En aquel expediente, la Cámara había determinado que el fondo de comercio era un bien propio del demandado porque su funcionamiento se había iniciado antes de la comunidad de bienes.

Esa definición había impedido que la mujer obtuviera una participación sobre el negocio o un derecho de recompensa por su explotación. Sin embargo, el tribunal aclaró que aquella decisión no impedía analizar las consecuencias económicas que tuvo para ella haber colaborado en una actividad que, luego de la separación, continuó exclusivamente en manos de su exesposo.

La mayoría entendió que el desequilibrio no surgía de la titularidad del comercio, sino de los efectos concretos de la ruptura. Entre esos factores mencionó la pérdida de oportunidades laborales y previsionales, la salida de la principal actividad económica familiar y la continuidad de esa fuente de ingresos en poder del demandado.

Para establecer el monto, la Cámara tomó como referencia la oportunidad previsional que la mujer habría perdido al abandonar una actividad laboral al inicio del matrimonio. El tribunal aclaró que la compensación no podía transformarse en un pago de aportes omitidos ni en el equivalente total de una jubilación futura, pero consideró que esa expectativa servía como parámetro para medir el alcance de la desventaja.

La sentencia estimó un haber jubilatorio docente hipotético a partir de valores salariales informados para enero de 2026 y aplicó un corrector del 8%. De ese cálculo surgió la suma de $18.401.185,44, que deberá abonarse dentro de los 10 días posteriores a que el fallo quede firme.

Uno de los magistrados propuso una fórmula distinta para calcular la compensación y estimó un monto mayor, de $23.512.351,58. No obstante, prevaleció el criterio del voto principal, al que adhirió un segundo integrante de la Cámara, por lo que quedó fijada la cifra de $18,4 millones.

La Cámara también rechazó la apelación del demandado sobre las costas. Como la sentencia de primera instancia fue revocada y la demanda prosperó, los gastos del proceso de origen y de la apelación quedaron a cargo del hombre. La regulación de honorarios fue diferida para otra etapa.