La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, que se encamina a reducirse únicamente a la evasión tributaria y pasar así al fuero Penal Económico, podría dejar “daños colaterales” para los profesionales y desarrolladores inmobiliarios que hicieron negocios con el entonces funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
El dictamen presentado este viernes por el fiscal federal Gerardo Pollicita incluyó una solicitud para que la justicia investigue penalmente al contratista Matías Tabar —el testigo que más incriminó a Adorni—, a los empresarios Pablo Feijoo y Leandro Miano, y a la escribana Adriana Nechevenko, cuya conducta será reportada ante su colegio profesional.
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Todos ellos intervinieron en operaciones de compra, refacción y equipamiento de las propiedades del exvocero presidencial, y terminaron bajo la lupa judicial luego de prestar declaración testimonial en los tribunales federales de Comodoro Py.
Operaciones en negro
La decisión de Pollicita de requerir la extracción de testimonios —tomar parte de un expediente judicial para formar una causa nueva e independiente— para que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico mande a investigar a Miano, Feijoo y Tabar se fundamentó en las propias admisiones de estos testigos. Durante sus declaraciones bajo juramento, reconocieron la realización de transacciones comerciales en negro, al margen de los controles fiscales del Estado.
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El caso de Matías Tabar resultó uno de los más significativos para la fiscalía. El contratista estuvo a cargo de la remodelación de la vivienda familiar en el Country Indio Cuá y de proveer parte del mobiliario para el departamento de la calle Miró 550. Según la hipótesis que se desprende de la causa, Adorni y su esposa le entregaron a Tabar la suma de 245.000 dólares en efectivo a partir de noviembre de 2024, mientras el imputado ya se desempeñaba en la función pública.
Aunque la defensa del funcionario intentó relativizar ese monto y reducirlo a 175.000 dólares mediante un peritaje privado, el fiscal ratificó la cifra original basándose en las planillas del constructor, su testimonio y los mensajes de texto recuperados de su teléfono celular.
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De esas comunicaciones telefónicas surgió, además, que los presupuestos presentados al matrimonio se inflaban de forma deliberada por encima del costo real de las obras. El flujo de estos pagos en moneda extranjera se documentó únicamente en los registros informales del contratista y en los chats, sin dejar huellas en el sistema bancario.
Por su parte, los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo también quedaron comprometidos por sus declaraciones testimoniales y la documentación que aportaron al expediente. Estas son las dos personas que le vendieron a Adorni el departamento de Caballito, una operación que se cerró por 295.000 dólares, incluyendo obras por 65.000 dólares que se negociaron “de palabra”.
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Al igual que Tabar, admitieron haber concretado operaciones comerciales fuera del control impositivo, lo que motivó el pedido de Pollicita para que la justicia penal económica determine si estas conductas configuran delitos tributarios autónomos.
El segundo foco de las derivaciones del dictamen se centró en la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional intervino en la instrumentación de los negocios inmobiliarios del grupo familiar, que incluyeron la compra del lote 380 en el Country Indio Cuá y la adquisición del inmueble de la calle Miró en noviembre de 2025.
La fiscalía detectó diversas anomalías en las escrituras y transacciones bajo examen. Por ejemplo, en la compra del terreno de Indio Cuá, si bien se utilizó un crédito hipotecario de 100.000 dólares, el saldo restante de 20.000 dólares y la tasa de ingreso de 5.000 dólares se cancelaron con dólares en efectivo. Asimismo, la escrituración de la propiedad de la calle Miró involucró adelanto al contado de 30.000 dólares.
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Ante las irregularidades advertidas en los protocolos notariales y en el desarrollo de las operaciones, Pollicita solicitó formalmente al juez Ariel Lijo remitir las actuaciones correspondientes al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de esta medida es que la institución evalúe el desempeño de Nechevenko y determine si existieron faltas a los deberes profesionales o a las normativas vigentes de prevención de lavado de activos y transparencia.
La situación de los terceros se complicó debido al comportamiento financiero que adoptaron Adorni y Angeletti. La investigación del fiscal Pollicita determinó que el 92,9% de los gastos identificados en dólares se canceló en efectivo, lo que equivale a 374.081,66 dólares sobre un total de 402.578,12 dólares invertidos en viajes, propiedades, vehículos y otros pagos.
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Este uso sistemático de dinero en negro, que tampoco estaba asentado en sus declaraciones juradas hasta que se destapó el escándalo, facilitó la circulación de fondos ocultos para el fisco. Al canalizar estos recursos a través de constructores, desarrolladores y escribanos sin la debida registración financiera, las transacciones particulares de la pareja terminaron exponiendo a los profesionales que aceptaron operar bajo esa modalidad informal.
El dictamen concluyó que, si bien el origen del dinero del exfuncionario podría justificarse por la inversión en criptomonedas anterior a su llegada al poder, la forma en que se administraron y gastaron esos fondos generó sospechas de ocultación maliciosa frente al fisco. Ahora, la Justicia Nacional en lo Penal Económico y las autoridades notariales deberán definir las responsabilidades de los empresarios y de la escribana que consintieron participar en este circuito informal de negocios.
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