Ganó $22.898.627,80 en una tragamonedas: no quisieron pagarle, fue a la Justicia y ahora un fallo ordena indemnizarlo

Un juzgado civil y comercial de Bahía Blanca condenó en primera instancia a las dos sociedades vinculadas con una sala de juegos de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires a pagar $32.198.627,80, más actualización e intereses, a un cliente que reclamó el cobro de un ticket emitido por una máquina electrónica en agosto de 2022. La sentencia también ordenó levantar de inmediato la prohibición de ingreso que pesaba sobre el demandante desde el día del episodio.

El conflicto se originó durante la madrugada del 13 de agosto de 2022. Según la demanda, el reclamante jugaba en una máquina cuando el equipo imprimió un comprobante por $22.898.627,80 a las 02:06:05. Pocos minutos después, la misma máquina emitió otro ticket por $10.000, que sí fue abonado por la caja del establecimiento.

El demandante —de 57 años actualmente— sostuvo que presentó ambos comprobantes para su cobro y que el sistema de validación emitió el mismo sonido al leerlos. El empleado le pagó el ticket de menor valor y le devolvió el de casi $23 millones, con la indicación de que debía regresar más tarde para hablar con responsables de la sala.

De acuerdo con el planteo inicial, el cliente permaneció en el lugar hasta la mañana y se reunió con representantes de las empresas. Allí le habrían informado que el comprobante de mayor monto había sido emitido por error. Siempre según la demanda, le ofrecieron primero $125.000 y luego $250.000, propuestas que rechazó porque exigía el pago total de la cifra impresa.

Ese mismo día se labró un acta notarial en el establecimiento. La resolución indicó que los representantes de la sala reconocieron ante la escribana que el ticket había salido de la máquina, aunque afirmaron que no podían explicar por qué se había emitido si no existía un premio registrado. La máquina fue retirada de servicio después del hecho.

Las demandadas rechazaron el reclamo y argumentaron que el ticket de mayor monto había sido invalidado por el sistema. También afirmaron que las filmaciones mostraban al jugador con el botón de giro de los rodillos trabado mediante una tarjeta u objeto similar, y que el comprobante se imprimió sin que se hubiera activado el pulsador de cobro ni apareciera una combinación ganadora.

La defensa sostuvo que el equipo tenía un tope de premios de $125.000 y que un resultado superior debía activar luces, sonidos y un bloqueo automático que requería la intervención de personal técnico. Indicó que nada de eso ocurrió en la secuencia registrada por las cámaras y planteó que no había certeza de que el ticket presentado en la caja fuera el mismo que había salido de la máquina.

La jueza —a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Bahía Blanca— consideró, sin embargo, que estaba reconocido que el aparato había emitido un ticket a las 02:06:05, la misma hora que figuraba en el comprobante acompañado al expediente. Entendió que la discusión no giraba sobre la impresión material del vale, sino sobre su autenticidad y sobre la causa concreta por la cual el sistema se negó a pagarlo.

En ese punto, el fallo aplicó las normas de defensa del consumidor. La magistrada señaló que las empresas tenían el control exclusivo de la máquina, el software, los registros informáticos, los servidores y las cámaras, por lo que estaban en mejores condiciones de demostrar que el ticket era inválido o que no correspondía al equipo cuestionado.

La pericia técnica tuvo un peso central en la decisión. El experto designado en la causa informó que los contadores internos de la máquina no permitían verificar el ticket reclamado, aunque tampoco reflejaban el comprobante de $10.000 que había sido efectivamente pagado. También concluyó que mantener presionado el botón de giro no implicaba por sí solo una causa de desperfecto si el equipo estaba diseñado de acuerdo con los estándares técnicos aplicables.

La sentencia remarcó que la hipótesis de una alteración provocada por el cliente no logró respaldo suficiente. Incluso un técnico ofrecido por las demandadas solo vinculó la eventual traba del pulsador con un posible calentamiento, sin explicar cómo esa circunstancia habría generado el resultado del juego, la emisión del ticket ni un error específico en la memoria del sistema.

Para la jueza, ninguna de las pruebas identificó de manera concreta el motivo técnico del rechazo. Los empleados y responsables de la sala aludieron a un ticket inválido o a un eventual error de sistema, pero no pudieron establecer por qué el aparato había emitido el comprobante. Frente a esa falta de explicación, el fallo tuvo por válido el ticket presentado por el demandante.

La resolución sostuvo que el riesgo por el funcionamiento, la programación y la validación de las máquinas corresponde a quien explota el servicio de juegos, no al cliente. También valoró que, tras el incidente, el establecimiento modificó su sistema de tickets, un dato que consideró un indicio de que el mecanismo vigente en agosto de 2022 podía presentar fallas.

Además del pago del premio, el juzgado fijó una indemnización de $5 millones por daño moral. La magistrada evaluó las horas que el reclamante permaneció en el lugar, las negociaciones que no llegaron a un acuerdo, la negativa de pago y la posterior exclusión de la sala como circunstancias que excedieron una controversia contractual ordinaria.

La sentencia también ordenó levantar la prohibición de acceso al establecimiento. Según el fallo, las empresas no acreditaron una razón objetiva para impedir el ingreso del demandante desde el mismo día en que reclamó el cobro del ticket, por lo que calificó esa medida como una represalia incompatible con el deber de trato digno al consumidor.

Por último, el juzgado impuso una multa civil de $4,3 millones por la prohibición de ingreso, al considerar que esa conducta tuvo carácter deliberado y buscó sancionar a un cliente que había formulado un reclamo. El total de la condena deberá actualizarse por inflación en los rubros correspondientes, con intereses, y las demandadas deberán cumplir dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme.