
La causa por violencia de género en la que está imputado Alberto Fernández por golpes y amenazas contra la ex primera dama Fabiola Yañez podría tener novedades en las próximas horas, cuando el fiscal Ramiro González llame a indagatoria al ex presidente en lo que será su primera declaración ante la Justicia por esta investigación.
Según pudo saber Infobae, González tiene intenciones de avanzar con el pedido para que el ex mandatario declare en calidad de imputado. Esta solicitud se produciría después de que el juez federal Julián Ercolini rechazara un intento de la defensa de Fernández por apartar al fiscal de la causa.
En este marco, si bien esta semana no se espera que haya ninguna declaración testimonial ni medida de prueba, cerca de la fiscalía señalaron a este medio que “en los últimos días hay mucho hermetismo”, por lo que podría haber novedades al respecto.

La investigación por la causa se remonta a mediados de agosto y fue impulsada por una denuncia de Fabiola Yañez, quien acusa a Fernández de golpes y amenazas en un contexto de abuso de poder y violencia de género. Hasta el momento se presentaron varios testimonios en el expediente, incluyendo los de familiares de la ex primera dama y ex empleados de la Quinta de Olivos, quienes revelaron episodios de violencia verbal y señalaron un presunto incidente físico en junio de 2021, cuando varios testigos vieron un hematoma en el ojo derecho de Yañez.
La ex primera dama señaló en su declaración que ese moretón se debió a una discusión en la cama, cuando Fernández se dio vuelta y le pegó. Los testigos dijeron que, en su momento, la entonces primera dama había dado distintos argumentos, entre ellos el que les dijo a los médicos presidenciales de entonces, Saavedra y Alem, de que había sido un golpe accidental en la cama. Yañez también contó que si bien la violencia de género estuvo presente en la pareja desde un comienzo, se incrementó cuando se conoció la foto por el festejo de su cumpleaños en Olivos en plena pandemia y que el entonces presidente la responsabilizó de haber perdido las elecciones legislativas de 2021.
Por su parte, la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, ha negado la existencia de violencia en la pareja, sugiriendo que los moretones de Yañez podrían deberse a caídas relacionadas con el consumo de alcohol o a tratamientos estéticos. Sin embargo, la Fiscalía considera que estos factores no están relacionados con los hechos investigados, sino que podrían contextualizar la violencia de género denunciada.
En el expediente también se incluyen conversaciones de chat a las que tuvo acceso Infobae entre Yañez y Fernández, donde ella le recrimina los golpes y él no los niega. La Fiscalía intentó peritar el celular de Yañez, pero ella se negó a entregarlo, solicitando garantías de que solo se analizarían los mensajes con Fernández.

Cabe remarcar que la denuncia se formalizó una vez que se produjo el hallazgo de mensajes y fotos en el celular de una ex secretaria de Fernández, María Cantero, en otra causa por la cual también está citado a indagatoria el ex jefe de Estado. Allí se pudo observar como Yañez mostraba moretones y describía agresiones físicas. La ex asistente confirmó haber recibido estos mensajes y fotos, lo que llevó a la citación de la ex primera dama para decidir si presentaba la denuncia.

En tanto, el ex presidente enfrenta una acusación por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales. El juez federal Julián Ercolini ha citado a Alberto Fernández y a otros 38 involucrados, entre ellos el empresario Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quienes supuestamente participaron en un esquema de direccionamiento de contratos de Nación Seguros hacia empresas seleccionadas arbitrariamente.
El próximo 20 de noviembre, Fernández deberá comparecer ante Ercolini para explicar su presunto rol en el caso. Según la investigación, el ex presidente habría ejercido control sobre los contratos de Nación Seguros mediante un “mecanismo de direccionamiento” que favorecía a un reducido grupo de empresas, muchas de ellas ligadas a sus allegados. Este direccionamiento se habría amparado en el decreto 823/21, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio de los contratos a Nación Seguros.
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