El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra Thierry Decoud, hasta hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y dos supuestos “facilitadores” que quedaron involucrados en un escándalo por presuntas coimas. La denuncia, radicada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, pide investigar los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
“El actual gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar y/o cerrar todas las empresas estatales que no ganan plata. Ahora bien, si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que, directa o indirectamente, solicitan coimas y en su afán de cobrar sumas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el Estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario”, dice la presentación, a la que accedió Infobae,
“Es evidente que acá estamos en presencia de ‘allegados’ a los funcionarios, en este caso el interventor de YCRT, que buscan cobrar una coima para no frustrar un negocio totalmente lícito, y el único motivo por el cual no se concretó fue que la empresa no quiso pagar dicha coima. Por tal motivo, es que realizo la presente denuncia, a fin de que se investigue este hecho gravísimo”, afirmó Ocaña.
La presentación surge de la publicación que apareció en el diario Clarín, donde se alude a una operación de compra de 30 mil toneladas de carbón por alrededor de 2.100.000 dólares. Cuando el acuerdo estaba por cerrarse en junio pasado, Gross apareció como “intermediario” de la negociación y habría solicitado un pago adicional al representante de TEGI en Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet. En una grabación de una conferencia en la que participan los “intermediarios” y representantes de la firma israelí, se escucha a Gross justificarse: “Nos están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”. Sin embargo, no especifica a quiénes se refiere. Gross es amigo personal de Decoud y juegan juntos al fútbol.
Para Ocaña, en las conversaciones “se puede apreciar cómo Andrés Gross y Alejandro Salemme intentan cobrarle una coima a la empresa israelí TEGI para cerrar una operación de compra de carbón”. En medio de la propuesta, y previa aprobación por parte de la entidad estatal, relata la denuncia, Gross y Salemme contactaron al representante de TEGI en Argentina, diciéndole que para “cerrar el negocio” era necesario que pagaran una coima que el propio Gross sostiene que “no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”.
“Es importante destacar que ni Gross ni Salemme forman parte de YCRT, pero en la conversación dicen que tienen contacto con la persona que termina de decidir la venta y pueden frenar la operación. Asimismo, según trascendidos en los medios, Gross sería amigo íntimo del interventor de YCRT, Thierry Decoud, y hasta jugarían al fútbol asiduamente. Lo que terminó sucediendo es que la empresa israelí no quiso pagar la coima y las amenazas de Gross y Salemme terminaron materializándose: YCRT rechazó la oferta de compra de TEGI por un carbón de muy mala calidad, que le hubiera generado a la empresa estatal deficitaria un ingreso de 2,1 millones de dólares. También se puede observar, en la conversación, que esta era solo una primera compra de carbón por parte de TEGI, y que en el corto/mediano plazo iba a aumentar la cantidad de carbón que TEGI podría comprar a la estatal YCRT, haciéndole perder millones de dólares al Estado argentino”, afirmó la presentación.
El escrito remarca que Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una empresa estatal donde a lo largo de la historia se sucedieron muchos hechos de corrupción. Solo a modo de ejemplo, es posible recordar que YCRT fue parte del plan energético anunciado por el kirchnerismo, que nunca cumplió su promesa productiva. En YCRT se construyó una usina termoeléctrica para generar energía eléctrica con el carbón de la mina”. Y destacó que la obra fue denunciada como parte del “entramado de corrupción en la famosa causa de los cuadernos de la ruta del dinero K”. Según destacó, el exchofer Oscar Centeno declaró que una empresa española pagó coimas a funcionarios kirchneristas durante la construcción de la usina termoeléctrica.
“La corrupción es un delito inaceptable que vuelve a las empresas más ineficientes. Se ha perdido un contrato millonario. Es imperioso designar funcionarios idóneos e intelectualmente honestos si queremos que las empresas estatales funcionen como corresponde”, dijo Ocaña tras hacer la denuncia judicial.
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