El próximo 10 de junio se cumplirá un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Desde el punto de vista judicial, el efecto de esa resolución implicó el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
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La ex presidenta pidió en reiteradas instancias que le saquen el dispositivo que controla sus movimientos, argumentando que cuenta con custodia las 24 horas. El último intento fracasó la semana pasada cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Entre los argumentos, sus abogados refirieron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.
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El Tribunal respondió que “dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria”.
Balcón, visitas y terraza
Otras de las discusiones que se repitieron en los últimos 12 meses estuvieron relacionadas con el uso del balcón, la organización de las visitas y los pedidos de los abogados para exponerse al aire libre.
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En el caso del balcón, la justicia consideró que Cristina Fernández no violó las directivas judiciales al asomarse o dar mensajes.
En una aclaratoria los jueces le indicaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.
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Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
El escándalo se desató cuando se publicó en redes sociales la visita simultánea de nueve economistas de la Secretaría de Economía del Partido Justicialista.
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La consecuencia de ese incidente fue la disposición de seguir requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo quedaron permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el TOF 2 ordenó que solo se puede acceder dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00.
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Para la defensa esas restricciones constituyen “un castigo adicional y arbitrario”, que no se compadece con la normativa vigente ni con la conducta que ha desarrollado la expresidenta desde que viene cumpliendo su pena.
En la última resolución al respecto, el tribunal ratificó las condiciones porque consideró que Cristina Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
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El decomiso
El recorrido de la causa Vialidad, que se inició hace casi 365 días en la Corte Suprema con la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, vuelve al Máximo Tribunal para que resuelva la queja de la ex mandataria en relación a los bienes incluidos en el decomiso, que ordenó el TOF 2 para recuperar el dinero de la corrupción.
Después de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario contra la ejecución de bienes que incluye los activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, la defensa intentará cambiar el rumbo a través del planteo ante la Corte, con el argumento de que lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.
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Para la ex presidenta, las propiedades que pretenden ser recuperadas para el Estado Nacional “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
A todo esto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, que depende de la Corte Suprema, para que defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Los bienes
Hasta ahora el TOF 2 habilitó para el decomiso un listado de 111 bienes de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, y 19 propiedades que figuran a nombre de sus hijos. Se trata de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
Esa nómina surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
A su vez, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de resolución.
En la segunda lista aparecen locaciones relacionadas con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.
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