Al cumplir 80 años y pese a la intención del Gobierno de que siguiera, se retiró uno de los jueces claves en la causa por el DNU

Al cumplir 80 años y pese a la intención del Poder Ejecutivo para que se mantuviera en su cargo por cinco años más, el juez Carlos Manuel Grecco, integrante de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se despidió de los tribunales. Grecco es uno de los jueces que intervino durante la feria de enero en las demandas contra el mega DNU. El Gobierno dejó clara su decisión de que permaneciera en su puesto, pero el Senado no trató el tema antes del 30 de marzo, fecha de su cumpleaños. El criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia con el caso de la jueza Ana María Figueroa selló su suerte, sin margen de dilaciones.

La salida de Grecco obligó a nombrar un juez subrogante para la Sala III de la Cámara de Casación. Ahora, con el juez Sergio Fernández, firmará -de acuerdo a un sorteo- el juez Jorge Morán.

En las próximas horas, el Ejecutivo oficializará en el Boletín Oficial su retiro. No obstante, el 27 de marzo, en una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo firmada por el presidente del cuerpo Jorge Moran, se informó que Grecco había presentado su renuncia para ser efectiva a partir del 30 de marzo, mediante un oficio llevado ante el Ministerio de Justicia el 15 de marzo pasado.

Los tribunales en Contencioso Administrativo Federal son uno de los más sensibles para cualquier Gobierno: así como en Comodoro Py 2002 se analizan las causas penales contra funcionarios, en el llamado fuero de la “gobernabilidad” llegan las demandas contra el Estado por decisiones administrativas, por ejemplo, el análisis de la constitucionalidad de un decreto.

A inicios de la gestión de Javier Milei, el ministro Mariano Cúneo Libarona había retirado los pliegos del candidato a procurador general, el juez Daniel Rafecas, y de otros 62 candidatos a jueces. Pero habían quedado algunos pliegos más en la Cámara Alta.

El 28 de diciembre, el Ejecutivo, con la firma de Mariano Cúneo Libarona y Milei, mandó un nuevo mensaje al Senado: “Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad con el fin de solicitar el retiro de los mensajes por los cuales se solicitó el acuerdo para la designación de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Nación”. Había cuatro nombres: el primero era Grecco.

El 29 de diciembre comenzó a entrar en vigencia el DNU 70/2023. Se presentaron casi un centenar de amparos y demandas. La primera fue la del Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que le tocó al juez Esteban Furnari, quien decidió abrir un proceso colectivo para agrupar allí todos los planteos, en sintonía con lo que quería el Gobierno Nacional. Pero durante la feria, el caso cambió momentáneamente de manos y el juez Enrique Lavié Pico desarmó el proceso colectivo y la semana pasada rechazó esa y otras presentaciones contra el DNU -como la del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez-.

Los jueces que revisaron sus decisiones fueron los jueces de feria: Grecco y Sergio Fernández, que confirmaron rechazar esas demandas por la falta de un “caso” concreto entre dos partes. No se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.

Al día siguiente, el Gobierno envió el pliego de Grecco, con la firma de Cúneo Libarona y Milei “Tengo el agrado de dirigirme a su Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III, doctor Carlos Manuel Grecco, quien oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La Constitución Nacional “prevé que un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años”.

El juez ya había conseguido ese aval en octubre de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, el Gobierno destacó la trayectoria académica del magistrado.

Pero la clara intención de que renovara por cinco años más quedó en la nada. El Senado no avanzó con el proceso necesario para validarlo. La comisión de Acuerdos se conformó recién en la segunda semana de marzo. Y eligió avanzar con la designación de embajadores. Los tiempos no dieron. El juez lo supo. Cumplió 80 años el 30 de marzo.