El gobierno de Guatemala prevé una inversión de Q226 millones- USD 29,645,866- para mejorar infraestructuras carcelarias y reforzar la capacitación de guardias penitenciarios, informó el director General del Sistema Penitenciario (DGSP), Melvin Rosales.
El funcionario explicó que, por ahora, el proceso se analiza desde el Ministerio de Gobernación, y que se han priorizado ocho centros de detención donde se encuentran las estructuras criminales denominadas pandillas, tanto del Barrio 18, como de la Mara Salvatrucha.
Edwin Rodas, arquitecto encargado de los trabajos, detalló que se contempla fortalecer las áreas de ingreso a los centros de detención, para reforzar la seguridad de lo que ingresa y del personal.
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Además, se harán remozamientos en las zonas perimetrales con la instalación de alambre de púas, energizadores, aisladores. Se mejorarán las cuadras de los agentes y las áreas de los comedores.
Las inversiones se prevén de la siguiente manera:
- Renovación I se espera invertir Q35 millones
- Fraijanes II: Q15 millones
- Pavoncito: Q40 millones
- Centro Preventivo para Varones zona 18: Q41 millones
- Cárcel El Boquerón: Q18 millones
- Cárcel para mujeres Santa Teresa: Q23 millones
- Centro de Orientación Femenina (COF): Q30 millones
- Cárcel en Chimaltenango (sectores de hombres y de mujeres): Q24 millones.
Autoridades del Sistema Penitenciario de Guatemala detallan las inversiones que se prevé realizar en los centros de detención donde se encuentran, principalmente, las estructuras criminales del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. (Cortesía)
Por ahora se prevé hacer las contrataciones de las empresas que se encargarán de la obra, a través de licitaciones públicas, pero no se descarta hacerlo mediante la vía de excepción.
Las remociones y remodelaciones se harán bajo el amparo de la Ley Antipandilla, Decreto 11-2025, aprobada el año pasado
El financiamiento proviene de partidas readecuadas tras la aprobación de la Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, así como de préstamos gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Proponen transformar el Sistema Penitenciario
El 22 de julio, un equipo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de Estados Unidos realizará una visita de campo en Guatemala. La misión contempla respaldar la construcción de aulas destinadas a la formación de guardias penitenciarios, espacios que podrán ser utilizados para el alojamiento temporal de estudiantes, según informó Rosales.
Posterior a la reunión con la delegación estadounidense, se discutirán detalles sobre los recursos específicos que requerirá la edificación de estas aulas. Rosales subrayó que el fortalecimiento de la capacitación representa una prioridad en la estrategia de modernización penitenciaria, en línea con recomendaciones internacionales.
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Distribución de recursos y vehículos
Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) sostuvo que transformar el sistema penitenciario de Guatemala es una condición para combatir las estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana.
La propuesta se hizo durante los foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, que se centra en los “Retos y oportunidades del Sistema Penitenciario”.
Los datos expuestos en el encuentro muestran la dimensión del problema: la población reclusa se triplicó entre 2008 y 2020 hasta superar los 25 mil internos, la ocupación carcelaria llegó al 374% de la capacidad instalada en 2019 y en los últimos 15 años no se construyó ningún centro carcelario nuevo, según la información presentada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
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Según indicaron, Guatemala tiene una tasa de encarcelamiento de 123 personas por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio global de 145 y lejos de la tasa de El Salvador, que alcanza 1.659 y es la más alta de América Latina. También señaló que, tras la caída observada desde la pandemia de covid-19, la cifra de población reclusa se estancó en 2025.
El presupuesto vigente del Sistema Penitenciario para este año asciende a Q991 millones, equivalentes al 0,08% del Producto Interno Bruto, frente a un promedio centroamericano de 0,17%. El costo diario por privado de libertad es de Q118,41.
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