El Gobierno define el contenido del DNU para combatir el lavado de activos

El Gobierno nacional define por estas horas el contenido de un decreto de necesidad y urgencia para dar luz verde a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese DNU deja afuera a todas las modificaciones de tipos penales que estaban contempladas en el proyecto que ya tenía media sanción de Diputados y no pudo aprobarse en el Senado.

Entre las regulaciones que se mantienen figura que los abogados deberán informar operaciones sospechosas pero sólo “en relación a la formación de sociedades”. “La obligación de informar alcanza a una porción mínima de abogados que se dedican a la formación, constitución y administración de sociedades. Y deja expresamente afuera al resto de los abogados de las distintas áreas que involucran esta la profesión”, explicaron desde el Ministerio de Justicia ante algunos trascendidos.

Las mismas fuentes agregaron que el texto es elaborado por “expertos de la UIF en conjunto con expertos de lavados de activos, quienes entienden que incluir a los abogados es ineludible” antes de la visita del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) al país, prevista para el 6 de marzo. Durante veinte días, los enviados del organismo se reunirán con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

La evaluación del GAFI, la cuarta desde su creación en 1989, culminará en octubre, cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.

La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó, en ese sentido, bajo análisis permanente.

Antes de la visita de marzo, una comitiva oficial encabezada por el vice ministro de Justicia Sebastián Amerio participa esta semana en París (Francia) del primer plenario del año del GAFI.

La comitiva que viajó a París está integrada por el asesor del ministro de Justicia, Marcelo Ruiz; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; y por parte de Cancillería, Felipe Giménez Lozano y Raúl Comelli.

En una de las primeras reuniones, los enviados pudieron debatir sobre los desafíos que tiene por delante la Argentina en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Además, intercambiaron opiniones sobre el proceso de evaluación mutua de GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que afronta la Argentina y de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. También se refirieron a la clara disposición de trabajar de forma mancomunada y conjunta con la organización de la Unión Europea.

Los cambios a la ley de lavado ya tenían media sanción pero no pudieron aprobarse en el Senado por la decisión de la Casa Rosada de no prorrogar las sesiones extraordinarias. El decreto recogerá gran parte de esas modificaciones pero dejará afuera todo el capítulo referido a los tipos penales, que sólo pueden aprobarse mediante el Congreso.

El proyecto en cuestión fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.

Aunque el oficialismo contaba con los votos para llevar el tema al recinto, llamativamente no se prorrogaron las sesiones extraordinarias.