
La Justicia de Jujuy resolvió otorgar la guarda personal exclusiva de una nena a su madre y suspendió la responsabilidad parental del progenitor, quien —según planteó la representación legal de la mujer— incumplió con sus obligaciones alimentarias y rechazó participar de la crianza desde el minuto cero.
El caso quedó asociado, por sus características, al debate que instaló la llamada Ley Cazzu, una iniciativa surgida en México que propone evitar que los padres ausentes condicionen decisiones centrales en la vida de sus hijos. De acuerdo con la propuesta, estos dejarían de tener la última palabra en permisos para viajes y cambios escolares.
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La medida fue dictada por la Sala I, Vocalía 2, en el marco de una causa que expuso las dificultades que atraviesan muchas familias cuando uno de los progenitores se desvincula del cuidado cotidiano, deja de aportar alimentos y, al mismo tiempo, conserva facultades para intervenir o bloquear decisiones relevantes.
De acuerdo con la abogada de la madre, Ailén Armada, el pronunciamiento judicial permitirá que su representada tome por sí sola decisiones vinculadas con la salud, la educación y los viajes de la niña. De este modo, ya no deberá iniciar un trámite judicial ni requerir una autorización del padre cada vez que necesite resolver cuestiones de la vida diaria de su hija.
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Según reconstruyó El Tribuno de Jujuy, el conflicto comenzó en febrero de 2024, cuando el progenitor inició acciones judiciales para solicitar un examen de ADN. Tras confirmarse la filiación, reconoció a la niña, le otorgó su apellido y asumió el compromiso de cumplir un régimen de comunicación y una cuota alimentaria.
Sin embargo, la situación cambió poco después, debido a que el hombre no realizó los aportes económicos correspondientes ni sostuvo un vínculo con su hija. Además, se opuso a distintos trámites solicitados por la madre, entre ellos viajes fuera de la provincia y decisiones educativas.
En una de las audiencias, el progenitor reconoció la deuda alimentaria y manifestó que no deseaba continuar viendo a la niña, según relató Armada. También indicó que un informe psicológico incorporado al expediente describió rasgos de inestabilidad e irresponsabilidad y evaluó la falta de interés del hombre por el vínculo filial.
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“Reconoce abiertamente que no quiere ver más a su hija. Admite ser un padre abandónico y que inició todo eso por capricho”, sostuvo Armada. Además, la jueza dispuso su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, mientras continúa el reclamo económico por los alimentos adeudados.

A partir de esta situación, la abogada de la madre se refirió al alcance de la decisión judicial al explicar que “es muy importante que ahora ella no tenga que recurrir a la Justicia o a una autorización siempre”.
De la misma manera, valoró la intervención del Tribunal, la Defensoría de Menores y el equipo interdisciplinario, debido a que señaló que el sistema judicial tomó en cuenta las denuncias realizadas durante el proceso y dictó una respuesta que contempla la situación concreta de la niña y su madre.
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Qué es la llamada Ley Cazzu y por qué se vincula con el caso jujeño
La denominada Ley Cazzu no es una norma vigente en Argentina. De hecho, se trata de un proyecto de ley impulsado en México, que ganó notoriedad luego del conflicto entre la artista argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal por la autorización para viajar al exterior con su hija.
El planteo propone que, en casos de crianza unilateral o de ausencia comprobada de uno de los progenitores, baste el consentimiento de quien ejerce efectivamente el cuidado para que un menor pueda salir del país, sin depender de la autorización de un padre que no cumple sus responsabilidades.

Inicialmente, la propuesta fue promovida mediante una petición pública lanzada a través de la plataforma Change.org. Sin embargo, luego fue impulsada en el Congreso del Estado de Michoacán por la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz.
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“Hoy más que nunca tenemos que seguir alzando la voz”, sostuvo la legisladora michoacana después del amparo presentado por los abogados de Nodal, con la intención de que la iniciativa cambiara de nombre. A pesar de esto, el proyecto todavía necesita ser tratado en el recinto legislativo antes de que pudiera transformarse en ley.
En el caso de Argentina, el Código Civil y Comercial establece que determinadas decisiones relevantes —como los viajes internacionales o el cambio de domicilio— requieren el acuerdo de ambos progenitores. Por esto, cuando no existe consentimiento, la alternativa suele ser pedir una autorización judicial, un proceso que puede demandar tiempo, recursos y nuevas instancias de exposición para madres e hijos.
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Según explicó la abogada Paula Mayor en una entrevista con Infobae En Vivo, la Justicia argentina puede conceder permisos unilaterales, aunque esas decisiones suelen analizarse caso por caso y, en ocasiones, solo alcanzan a un viaje o período determinado.
Por eso, el fallo de Jujuy puede leerse como un antecedente judicial local en línea con el debate que representa la Ley Cazzu. No obstante, tampoco implica la aplicación de una ley mexicana en territorio argentino, sino una decisión judicial fundada en las particularidades del expediente y en el interés superior de la niña.
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