Tras los videos de Cristina Kirchner, dos reclamos de careos elevan la tensión en el juicio por los Cuadernos

Los videos del departamento allanado de Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay, en CABA, marcaron esta semana el juicio por los “cuadernos de la corrupción” porque, por primera vez, se exhibieron de manera pública. Pero, a casi un año del inicio del debate, el Tribunal Oral Federal 7 tiene en agenda otros temas a resolver: se aguarda una definición sobre reclamos de careos y la situación de testigos considerados relevantes que aún no declararon. La discusión ganó intensidad con dos planteos para confrontar versiones contrapuestas dentro del juicio.

Por un lado, la fiscalía solicitó un careo entre Juan Carlos Barrales, el comisario que dirigió el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner el 23 de agosto de 2018, y el encargado del edificio, Julio Silva.

“Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo la fiscal Fabiana León. Es que el portero declaró en mayo que la tarde del allanamiento a la casa de CFK escuchó al policía hablar con el entonces juez del caso, Claudio Bonadio, y recibir órdenes de quedarse en el lugar hasta encontrar algo.

El segundo pedido fue formulado por la defensa de Roberto Baratta. El ex número dos del Ministerio de Planificación Federal, pretende enfrentar a los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Ambos declararon como testigos que entregaron un millón de dólares en coimas a Baratta, quien negó esos hechos y los acusó de mentir.

El encargado y el policía

El planteo para carear al encargado y al policía se produjo durante la declaración de Barrales, quien era jefe de la División Operaciones Federales el 23 de agosto de 2018, cuando se realizó el allanamiento al domicilio que entonces ocupaba Fernández de Kirchner en Recoleta.

La audiencia incluyó una discusión previa entre la fiscal y Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta, a raíz de la exhibición de la filmación del procedimiento. Beraldi objetó la proyección de imágenes del interior del departamento —entre ellas, sectores como la cocina, el baño, vestidor con puerta blindada y el escritorio— y reclamó que se preservara la intimidad de su defendida.

León respondió que el video había sido ofrecido como prueba y admitido antes del comienzo del debate. Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero autorizaron por mayoría la continuidad de la exhibición.

Según la acusación, en el inmueble de Juncal y Uruguay se habrían concretado 87 entregas por cerca de 70 millones de dólares. En ese contexto, Barrales recordó que durante el allanamiento se detectó una puerta blindada detrás de la habitación principal, que comunicaba con un vestidor o placard.

La fiscalía busca confrontar al policía y al encargado histórico del edificio de Uruguay y Juncal, quien se desdijo ante el Tribunal y negó haber visto lo que declaró durante la instrucción en 2018: que vio movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial. Sostuvo que se sintió presionado en el juzgado, donde le hablaron de sus hijas y firmó su declaración “sin leer”.

La fiscalía remarcó que Silva brindó ante el TOF 7 una reconstrucción detallada de episodios ocurridos años atrás, mientras que Barrales no ratificó varios aspectos de esa versión. Entre otros puntos, el comisario negó haber recibido gritos del entonces juez federal Claudio Bonadio y no recordó que el encargado hubiera presenciado un contacto suyo con el tribunal para pedir instrucciones.

“Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, declaró el encargado como testigo en el juicio oral.

La fiscal entiende que esas divergencias justifican el careo. La medida, si es autorizada por los jueces, permitiría que ambos testigos expongan sus versiones frente a frente sobre aspectos centrales de la investigación inicial.

Baratta versus Techint

La defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó un careo entre su cliente y Betnaza y Zabaleta. El pedido se apoya en las contradicciones que la defensa dice haber detectado entre las declaraciones de los exejecutivos de Techint y la ampliación indagatoria que el exfuncionario acusado concretó el 10 de septiembre para salirles al cruce.

Zabaleta declaró que entregó a Baratta paquetes con pesos equivalentes a cerca de un millón de dólares, una suma que, según dijo, respondía a instrucciones de Betnaza. El exdirectivo afirmó que los pagos se realizaron en moneda local porque no podía acceder al mercado de cambios.

Betnaza, por su parte, confirmó que dio la orden para esos desembolsos. Según su declaración, el objetivo era conseguir ayuda para sacar de Venezuela a empleados de Techint durante el proceso de nacionalización de la siderúrgica Sidor.

Baratta rechazó los dichos de ambos y pidió confrontarlos directamente. La defensa sostuvo que existen diferencias sobre la modalidad, las circunstancias y la mecánica de las supuestas entregas de dinero.

La secretaria de Néstor Kirchner y el CEO

A los dos pedidos de careo se suma la situación de testigos que todavía no declararon y cuya comparecencia permanece bajo análisis. Entre ellos se encuentran Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, y Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, quienes alegaron problemas de salud.

Baratta, exjefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, salió al cruce de Zabaleta y Betnaza porque “repitieron mentiras del año 2018″, cuando se abrió la causa por los cuadernos. Además reclamó que declare como testigo Rocca, quien presentó un certificado médico para -por ahora- no concurrir a tribunales. Al igual que sus entonces ejecutivos, el CEO de Techint estuvo procesado en la investigación pero luego fue sobreseído.

En cuanto a Miriam Quiroga, presentó un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo. La mujer reside en Córdoba, no asistió a una primera convocatoria y fue sometida a un amplio examen por orden de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes quedaron en condiciones de decidir. El informe psiquiátrico y psicológico concluyó que puede ser interrogada como testigo de manera remota aunque otro elaborado por el Cuerpo Médico Forense lo desaconsejó.

En caso de declarar, será interrogada por las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Su figura cobró notoriedad años atrás, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.