La fiscal porteña Gabriela Baigún pidió 10 años de prisión para dos oficiales de la Fuerza Aérea Argentina tras considerarlos responsables del delito de “estrago doloso” por la caída de un avión Learjet 35 A, que provocó la muerte de seis militares luego de su despegue del Aeropuerto Internacional “El Alto” de la ciudad de La Paz, Bolivia, el 9 de marzo de 2006, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Se trata del oficial retirado Sebastián Segura (52), por entonces jefe de Escuadrilla Operativa Learjet de la II Brigada Aérea, y del comodoro retirado César Sprenger (65), quien fuera jefe del grupo aéreo II de la Segunda Brigada Aérea. Para la titular de la Fiscalía General N° 3 porteña hay pruebas suficientes para afirmar que ambos estaban al tanto de que la aeronave no estaba preparada para realizar ese viaje y que la tripulación no tenía la aptitud para esas maniobras de vuelo.
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“Es evidente que la planificación y aprobación de una misión aérea a un aeródromo situado a más de 13.000 pies, con un avión Learjet 35 -conocido como Tango 21-, cuyo límite operacional es de 10.000 pies, pone en peligro la seguridad de dicha aeronave en el sentido exigido por el tipo penal, puesto que justamente, el margen para una actuación dentro del riesgo permitido está dado por esa limitación”, señaló Baigún en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, donde encuadró el hecho juzgado bajo el delito de estrago doloso agravado por la muerte de seis personas.
El siniestro ocurrió en el marco de un vuelo humanitario efectuado para proveer a Bolivia de medicamentos tras una fuerte inundación. Según consignó el MPF, la aeronave Tango 21 voló desde Buenos Aires hasta “El Alto” el miércoles 8 de marzo de 2006. Al arribar, se registró un olor a cable quemado en la cabina, lo que llevó a la suspensión del vuelo de regreso y el envío de personal técnico para subsanar el problema.
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Un día después, la aeronave emprendió la vuelta despegando a las 15:27 con la autorización de la torre de control. Tres minutos después, a una altura aproximada de 12.841 pies, comenzó a caer en picada e impactó contra la falda de una loma de la zona de Kiluyo, en la comunidad de Chonchocoro. El choque provocó una explosión y el fallecimiento de forma instantánea de todos los tripulantes y pasajeros.
Las víctimas fueron el capitán Fernando Francos, el primer teniente Matías Simonetti, el suboficial principal Juan José Otero, y los suboficiales auxiliares César Aimino, Javier Brondi y Jorge Peralta.
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De acuerdo a la fiscalía, Segura y Sprenger fueron coautores responsables de la planificación y la aprobación de la misión aérea con una aeronave que sólo se encontraba diseñada y certificada para efectuar operaciones de despegue y aterrizaje bajo una altura máxima de hasta 10.000 pies. El aeropuerto internacional de “El Alto” se encuentra a 13.400 pies, siendo el más alto del mundo.
“Nunca debería haberse enseñado un procedimiento que no estaba estandarizado y que jamás podría haberlo estado. Y no cabe duda de que la responsabilidad recae en Segura y Sprengler como consecuencia de los deberes inherentes a su cargo”, afirmó la fiscal Baigún, acompañada de la auxiliar María Laura Ferraris.
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En esa línea, la acusación precisó que Segura firmó el “informe de factibilidad de vuelo a La Paz” mediante el cual aprobó la misión del Tango 21 para volar a esas alturas. A su vez, Sprenger quedó imputado por haber dado la orden de “que se llevase adelante dicho vuelo mediante la rúbrica de la Orden de Transporte Aéreo (OTA) Nº 616 de fecha 7 de marzo de 2006, y el Plan de vuelo”.
La fiscalía elaboró un pedido alternativo de cuatro años de prisión para el caso en que el tribunal llegue a la conclusión de que la tripulación a cargo del avión se vio afectada por la hipoxia durante el viaje. Los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves de esta semana.
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