El procurador Casal se opuso al recurso del juez Martín Irurzun para continuar cinco años en la Cámara Federal

El procurador general ante la Corte Suprema de Justicia Eduardo Casal se opuso a conceder el recurso extraordinario presentado por el juez Martín Irurzun, quien busca permanecer cinco años más en la Cámara Federal de Apelaciones.

En su dictamen, consideró que el planteo es inadmisible y opinó que “su agravio luce como una mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente para estructurar un agravio autónomo y suficiente para admitir la vía extraordinaria intentada”.

Irurzun pidió el trámite urgente porque cesaría indefectiblemente en sus funciones el 18 de julio próximo, al llegar al límite de 75 años para mantener su cargo sin una habilitación especial del Senado, tal como lo prevé el artículo 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional.

El punto de vista de Casal no es vinculante, aunque deja a la Corte Suprema en condiciones de resolver si admite o no el recurso extraordinario, y si lo abre, definir si el camarista Irurzun puede o no permanecer en su judicatura.

Así las cosas, la posibilidad de que el Máximo Tribunal se reúna a debatir este tema está signada por varios desafíos. El primero es que quedan pocas horas para que el magistrado cumpla años.

Además, existen escasas chances de que los cortesanos logren reunirse antes del 18 de julio debido a que Ricardo Lorenzetti está de licencia, y reemplazarlo por conjueces para avanzar con el debate implicaría de 3 a 15 días.

Antecedentes

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado la sentencia del juez de primera instancia que rechazó la medida cautelar solicitada por Irurzun.

Aquella resolución entendió que, en el caso, se imponía tomar en cuenta el fallo de la Corte Suprema en la causa Schiffrin, por la cual se dejó de lado la doctrina del caso Fayt.

En esa decisión, el Máximo Tribunal otorgó carácter operativo a la norma constitucional que dispone como límite de edad para ejercer el cargo los 75 años, sin efectuar una discriminación entre los magistrados designados con anterioridad y con posterioridad a la reforma de 1994.

El planteo

Irurzun pidió que se lo mantuviera en el ejercicio del cargo, con el argumento de que la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite de edad y de que esa cláusula afecta la garantía de inamovilidad judicial.

El camarista sostuvo que la Ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994 y delimitó los temas que podía tratar la Convención Constituyente, no la había habilitado a establecer un plazo para la permanencia de los jueces.

Según su interpretación, el Congreso solo autorizó modificaciones en los mecanismos de designación y remoción de magistrados. Por esa razón, calificó la incorporación del límite de edad como un acto nulo y contrario a la garantía de inamovilidad.

También planteó que, si no obtenía una protección antes del 18 de julio, debería cesar en sus funciones y se produciría una situación irreversible. El Estado Nacional se presentó en el expediente y solicitó que la cautelar fuera rechazada.