Pese a que la causa principal contra Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, fue anulada y ahora depende de una apelación, la Justicia sigue activa en torno al puntero del PJ y al sistema de recaudación que apareció detrás de ese caso.
Por un lado, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, se presentó ante el juez de garantías Guillermo Atencio y pidió que esa ONG sea aceptada como particular damnificado. Además, un fiscal pedirá acceder a la causa principal luego de la presentación de tres dirigentes de Juntos por el Cambio que reclamaron investigar las cuentas públicas de la Legislatura bonaerense.
“Los hechos que se investigan en el presente caso, sin lugar a duda, resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar”, dice la presentación firmada por los abogados Hugo Wortman, presidente de Poder Ciudadano, y Tomás Brady. Además menciona el voto del camarista Juan Cruz Mateo, quien votó en disidencia y reclamó que la causa siga abierta. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo ese magistrado.
La ONG pidió ser particular damnificado, una figura que le permitiría acceder a la causa principal y pedir medidas de prueba, entre otras cosas. La decisión quedó en manos del juez Atencio. No obstante, Poder Ciudadano también tiene previsto hacer una reserva ante la Cámara de Apelaciones para poder apelar el fallo que anuló la causa.
Pese al fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, el expediente principal todavía no se cayó. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, ya hizo la reserva y en los próximos días presentará una apelación. Tiene 20 días desde la notificación. Recién en ese momento, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.
En tanto, el fiscal Juan Menucci, a cargo de la UFI 6 de La Plata, recibió este martes la denuncia presentada por Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico, y decidió pedir la causa principal para determinar si el objeto procesal es similar o si puede avanzar con una causa paralela, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
En esa denuncia, los dirigentes de Juntos por el Cambio apuntan al presupuesto de la Legislatura, que alimentaba el sistema de recaudación de Rigau. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de prestanombres y de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, dice la presentación. Además, plantea que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.
Si decide avanzar, Menucci notificará a las partes de la formación de una nueva causa y pedirá una serie de medidas de prueba.
Por otro lado, los dirigentes opositores reclamaron investigar a los camaristas que anularon la causa principal: Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo. Ese tramo de la denuncia tiene otro trámite a través de la Suprema Corte bonaerense.
La causa principal se detuvo el jueves pasado con el fallo de la Cámara de Apelaciones. Hasta ese momento habían declarado 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito ante la fiscal Betina Lacki. Infobae reveló ayer que la mayoría aseguró cumplir alguna función en la Legislatura, que lo conocían a Rigau, y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta, algo que sorprendió a los investigadores.
“Los primeros días del mes le dábamos la tarjeta y él sacaba 30 mil pesos, que es lo que se puede sacar y nos la devolvía”, aseguró María Cristina Degollada (55), una de las las presuntas víctimas del sistema de “Chocolate” Rigau. “Además, nosotros colaboramos con el merendero que tiene en su casa, con parte de dinero, con ropa, algunos víveres”, agregó la mujer.
Los dueños de las tarjetas también revelaron que ya habían sido interrogados por una abogada, en el marco de un sumario interno abierto apenas estalló el escándalo. Sin embargo, las autoridades de la Cámara de Diputados nunca contestaron los oficios enviados por la Fiscalía con preguntas sobre los dueños de las tarjetas y sobre el modelo de contratación.
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