La actriz Andrea Del Boca, el exministro Julio De Vido y el resto de los involucrados en la causa “Mamá Corazón” se preparan para defender su absolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. En la otra vereda, el fiscal general Raúl Pleé fundamentó la apelación del fallo y dictaminó que la sentencia debe ser revertida.
Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el acusador público presentó en los últimos días ante la Sala II del máximo tribunal penal un documento de ocho páginas en el que pugnó por la condena de quienes fueron a juicio, “con los alcances expresados por la Fiscalía” durante el debate que llevó adelante el Tribunal Oral Federal N° 7.
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La pretensión es de tres años y medio de cárcel para del Boca y cuatro años y medio para De Vido, de acuerdo a lo que alegó la fiscal Fabiana León en el juicio.
Además, el fiscal Pleé pidió la restitución de los 3.126.000 dólares que, según el Ministerio Público, fueron desviados de los fondos estatales mediante la producción de una novela que nunca llegó a emitirse, y que además había logrado la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.
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Andrea del Boca entró en el reality de Gran Hermano el pasado 23 de febrero. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, explicó cómo llevarán adelante la defensa sin comunicarse, ya que por contrato no puede tener contacto con el exterior: “Esto estaba absolutamente previsto, son las condiciones normales de un proceso judicial, y ella depositó su absoluta confianza en nuestra defensa, en la que me acompañan los doctores Federico Schumacher y Diego Onorati”.
La apelación
Según el dictamen fiscal, el TOF N° 7 evaluó las pruebas “de forma parcializada, para concluir en la aplicación del principio de la duda”, que benefició a los acusados.
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El fiscal de Cámara también sostuvo que la hipótesis de la acusación “no consistía en acreditar el incumplimiento o irregularidades” en el marco administrativo, sino que justamente esto fue lo que le habría dado un “ropaje jurídico” a la maniobra, “para orientar la contratación en beneficio de la propuesta de Mamá Corazón, sin proceso competitivo y con cláusulas que generarían un lucro indebido para sus intervinientes”.
La Fiscalía cuestionó, por otra parte, que la contratación se haya triangulado con la Universidad Nacional de San Martín, la cual se quedó con casi $4.400.000 -a valores de esa época-, un 10% del total invertido solo por “gastos administrativos” o supervisión. Lo más transparente, para la acusación, habría sido darle intervención al INCAA, que no le habría cobrado ese costo extra al Estado.
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“Todo lo que plantea la Fiscalía se ha zanjado durante el proceso”, resaltó el abogado Juan Pablo Fioribello, ante la consulta de Infobae. “Quedó plenamente demostrado a dónde fueron los fondos por peritos de la Corte Suprema de Justicia, que auditaron la totalidad de los fondos de las cuentas, tanto de Andrea, de su familia y su productora. No hubo un solo hecho irregular en cuanto a la rendición de cuentas”, siguió.
“La contratación fue hecha de buena fe. Esto no escapa a mi visión de que durante gran parte del gobierno kirchnerista se ha montado en organismos públicos una matriz de corrupción muy importante, que ha sido grotesco y asqueroso cómo se han manejado, pero no por eso vamos a decir que todo es lo mismo. Acá la Justicia llegó a la conclusión de que no hubo ningún tipo de delito”, sostuvo el defensor.
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Respecto de la polémica acerca de que la novela Mamá Corazón nunca se emitió, Fioribello respondió: “No vio la luz por la sencilla razón de que a Andrea no le correspondía exhibirla, sino realizarla. La novela está hoy en manos de la Secretaría de Cultura de la Nación; ellos tienen la facultad de exhibirla o no”.
Junto a Del Boca y De Vido, se sentaron en el banquillo de los acusados Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM, los exfuncionarios Luis Vitullo, Alberto García, Nahuel Billoni Ahumada, María Lucrecia Cardoso y Liliana Mazure, además de Hugo Nielson y Maximiliano Schwerdtfeger, ambos empleados de la universidad.
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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora fijar fecha de audiencia para que las defensas y la fiscalía expongan sus argumentos antes de revisar el fallo de los jueces del TOF N° 7.
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