La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme las condenas a una banda narco, que incluía a policías y funcionarios, para traficaban enormes volúmenes de droga a través de la frontera fluvial de la Provincia de Corrientes con la República del Paraguay. En el expediente conocido como “la Causa Itatí” se encuentran involucrados el ex intendente de la pequeña localidad correntina junto a su vice y el ex subcomisario de la Delegación Corrientes de la Policía Federal Argentina, entre otros imputados.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, al rechazar los recursos de las defensas contra las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos, con relación a los imputados que optaron por el trámite de juicio abreviado, como así también respecto de los que optaron por la discusión de la imputación en el debate.
Todas las condenas mencionadas forman parte de la mega investigación “caso Itatí”, donde recientemente fue condenado, en primera instancia, el ex juez federal –con competencia electoral- Carlos Soto Dávila a la pena de 6 años de prisión por cobrarles coimas a narcotraficantes a los que debía investigar para beneficiarlos con resoluciones judiciales. También fueron condenados los ex secretarios del juzgado de Soto Dávila: Pablo Molina a 5 años y Federico Grau a 4 años de prisión.
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Los hechos objeto de juzgamiento fueron precedidos por una investigación compleja, dadas las características de la organización, en la cual se fueron incorporando, poco a poco, diversos expedientes por conexidad que permitieron develar la envergadura y características de la empresa criminal. La asociación ilícita investigada operó, al menos desde mayo de 2014 hasta marzo de 2017. Sus múltiples integrantes tenían diferentes jerarquías y funciones para llevar a cabo las actividades ilegales, vinculadas principalmente al comercio marihuana: La droga era introducida al territorio nacional, vía fluvial, por la ciudad de Itatí (Pcia. de Corrientes), desde la República del Paraguay, para luego distribuirla y comercializarla en diversas provincias del país (Bs. As., Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza).
Para asegurar y facilitar la realización de sus plantes delictivos la empresa criminal contaba con un gran número de integrantes. Varios de ellos eran funcionarios públicos locales y de las fuerzas de seguridad federales y locales. Además, se servía de menores de edad para el cometido de sus fines.
El grupo también concebía la comisión de otros delitos, en principio, como medio para alcanzar los objetivos de la organización que integraban. La multiplicidad de planes ilícitos no solo se refería al comercio de estupefacientes, sino a los derivados de la connivencia de funcionarios públicos con dicha actividad, al ingreso de la droga al país evadiendo cualquier tipo de control, a la adquisición de vehículos con el producido del negocio ilegal y a la adquisición, venta y disposición de armas de fuego
El ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y su vice, Fabio Aquino, fueron detenidos en 2017 en un megaoperativo realizado por la Gendarmería y la Policía Federal. En ese entonces el juez federal Sergio Torres había ordenado —en un pueblo de 6500 habitantes— una batería de medidas que incluyeron 30 detenciones y 40 allanamientos en el marco de una investigación que activó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). A los funcionarios públicos se los acusó de ser partícipes necesarios y articuladores dentro de una larga cadena de complicidades narco. A través de un proceso abreviado Terán llegó a un acuerdo de tres años de prisión en suspenso y Aquino alcanzó otro por tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo.
El TOF 3 porteño dio sus veredictos en la causa que revolucionó a la pequeña localidad de Itatí en el mes de agosto de 2021, y en ese contexto condenó a 45 imputados, entre penas en suspenso y de cumplimiento efectivo, con más de 25 que aceptaron sus culpas en juicio abreviado.
Ahora Casación analizó las apelaciones . Y confirmó las condenas de Carlos Alberto Bareiro (uno de los tres líderes de la organización), Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Alejandro Ramón Gayoso, Ezequiel Arnaldo Saucedo, Melanio Mareco Vargas, Jorge Eduardo Espinosa y Carlos Luis Romero con penas que oscilan entre los 7 y 17 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad transporte de estupefacientes, todos en concurso real entre sí.
En su voto, el juez Hornos destacó que “existe por parte del Estado Nacional un fuerte compromiso a los efectos de enfrentar este tipo de delitos donde se encuentra involucrada una organización dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes -de la cual formaron parte funcionarios públicos de distintas instituciones-, que merecen una especial atención por parte de la justicia para evitar la impunidad en esta clase de delitos y para cumplir con aquellos convenios asumidos internacionalmente”.
Y añadió: “los delitos de crimen organizado –en este caso narcotráfico- merecen una especial atención por parte de la administración de justicia para erradicar este flagelo que azota a la sociedad toda de nuestro país” y que “el Estado debe maximizar sus esfuerzos en miras de poder cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea”.
El tribunal también confirmó las condenas dictadas por el mencionado Tribunal en el marco de un juicio abreviado celebrado en la misma causa respecto de los imputados Corina Araceli Noguera, Gabriel Fernando Alcaraz, Ramón Epifanio Romero y Juan Manuel Faraone.
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