Le aparecieron en la tarjeta 163 consumos que no hizo, fue a la Justicia y un fallo ordenó indemnizarlo

Un juzgado civil de Olavarría condenó a una entidad bancaria, una procesadora de pagos y una firma vinculada a una tarjeta de crédito a indemnizar a un cliente por $11.536.964,38 más intereses, tras considerar acreditado que sufrió consumos que no había realizado y que las empresas no respondieron de forma adecuada ante sus reclamos. La sentencia también rechazó una excepción planteada por una de las demandadas, que cuestionaba su participación en el proceso.

La demanda se originó en una serie de débitos registrados entre marzo y septiembre de 2019 en dos tarjetas de crédito asociadas a una caja de ahorro. El reclamante sostuvo que detectó las primeras operaciones al revisar el resumen de una de sus tarjetas, donde aparecían cargos a nombre de plataformas digitales, juegos, servicios de contenidos y comercios en línea que aseguró no haber contratado.

Según la presentación judicial, luego de advertir esos movimientos el cliente se comunicó con la sucursal bancaria y pidió que se denunciaran los consumos, que se bloqueara la posibilidad de realizar operaciones por internet y que se restituyeran los fondos descontados. Sin embargo, afirmó que los cargos continuaron durante los meses siguientes, incluso después de haber efectuado nuevos reclamos.

La demanda detalló que en mayo de 2019 aparecieron 29 consumos en moneda extranjera y que, en junio, se registraron otras 41 operaciones. Durante julio, agosto y septiembre también se incorporaron cargos efectuados a través de distintos servicios digitales y plataformas de pago. Más tarde, los débitos alcanzaron a la segunda tarjeta de crédito que tenía vinculada a la misma cuenta bancaria.

El reclamante aseguró que las operaciones cuestionadas ascendieron a 163 y que las empresas se limitaron a registrar los reclamos sin impedir que continuaran los descuentos. También planteó que las tarjetas y la cuenta tardaron meses en ser dadas de baja, lo que, según su postura, permitió que se acumularan nuevos cargos y agravó el perjuicio económico.

En septiembre de 2019, el cliente realizó una denuncia penal por los hechos y presentó un reclamo ante la oficina municipal de defensa del consumidor. Durante ese trámite administrativo, una de las compañías reconoció de manera parcial algunos consumos de julio, agosto y septiembre de ese año. El demandante sostuvo que ese reconocimiento no derivó en una devolución efectiva del dinero.

La causa civil se inició con un reclamo por daño patrimonial, daño moral, daño psicológico y daño punitivo. El monto original de la demanda era de $2.586.964,38. Para calcular los consumos efectuados en dólares, el escrito inicial tomó una cotización posterior de la moneda estadounidense, mientras que la sentencia fijó el daño material en 1.536.964,38 pesos.

Las demandadas rechazaron responsabilidad. La entidad bancaria planteó que las controversias por consumos debían canalizarse ante la emisora de las tarjetas y sostuvo que los comercios o plataformas donde se hicieron los cargos no habían sido demandados. También afirmó que los servicios digitales mencionados eran de acceso voluntario y sugirió que los consumos podían haber sido realizados por el propio cliente o por alguien con acceso a sus dispositivos.

La procesadora de pagos, en tanto, reconoció que algunos de los desconocimientos presentados habían tenido una resolución favorable, aunque planteó que no debía responder en el juicio. La restante demandada también alegó falta de legitimación pasiva y afirmó que la relación contractual principal del cliente era con la entidad emisora de las tarjetas.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Olavarría, centró parte de su decisión en una pericia informática que había sido ofrecida por la entidad bancaria y la procesadora de pagos. Según el fallo, esa prueba podía haber permitido establecer si las operaciones habían sido efectuadas por el cliente, desde qué dispositivos o mediante qué direcciones de conexión. Sin embargo, las empresas no entregaron al perito la información que les había sido requerida.

La resolución indicó que el experto solicitó documentación y datos técnicos durante varios meses, pero no recibió respuestas suficientes de las demandadas. Por esa razón, fueron declaradas negligentes en la producción de esa prueba. Para el juzgado, esa omisión impidió respaldar las acusaciones contra el reclamante, a quien las empresas habían atribuido la realización voluntaria de los consumos.

La sentencia consideró que las entidades que intervienen en la administración, emisión y procesamiento de tarjetas deben brindar seguridad a los usuarios y responder ante fallas en los mecanismos de control. El juzgado señaló que esas compañías cuentan con recursos técnicos para detectar movimientos inusuales, advertir operaciones sospechosas y registrar información sobre el origen de las transacciones.

También sostuvo que la normativa de defensa del consumidor permite responsabilizar en forma solidaria a quienes forman parte de la cadena de prestación del servicio. Con ese criterio, rechazó la excepción de falta de legitimación de una de las firmas demandadas. El fallo aclaró que las eventuales discusiones entre las compañías sobre quién debe asumir el costo final pueden resolverse después, mediante acciones entre ellas.

Además del daño material, la jueza fijó una indemnización de $5 millones por daño moral. La decisión consideró que el cliente atravesó gestiones, reclamos y trámites durante un período prolongado, sin recibir una respuesta que detuviera de inmediato los débitos ni una restitución de los montos cuestionados. El reclamo por daño psicológico fue rechazado porque no se produjo la pericia correspondiente.

El juzgado también impuso $5 millones por daño punitivo, una multa civil destinada a sancionar incumplimientos graves y prevenir conductas similares. La sentencia valoró tanto la falta de respuesta ante los reclamos como la estrategia asumida durante el proceso, en especial las imputaciones dirigidas contra el demandante sin respaldo de la prueba informática. Las costas del juicio quedaron a cargo de las tres demandadas y la regulación de honorarios fue diferida para una etapa posterior.