Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó una demanda por daños contra un municipio por un accidente que, según el reclamo, ocurrió a causa de un bache sin señalización. La sentencia concluyó que no se pudo probar de manera suficiente que el desperfecto en la calzada hubiera causado las averías denunciadas en una camioneta.

El caso se inició por un hecho que habría ocurrido el 27 de octubre de 2016 en un cruce de calles en una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires. Los demandantes sostuvieron que el conductor del vehículo mientras circulaba se encontró con un pozo rectangular, profundo y sin advertencias viales.

Según la presentación judicial, el bache tenía el hormigón roto y dejaba a la vista hierros de su estructura. El conductor afirmó que no logró evitarlo y que el impacto provocó daños en el sistema delantero de su camioneta Ford F-100 modelo 1980, entre ellos componentes de la suspensión, amortiguadores, soportes y la barra de dirección.

La demanda indicó que el vehículo debió ser trasladado en grúa hasta el domicilio de sus propietarios. También señaló que la reparación no se concretó de inmediato por el costo de los trabajos y la dificultad para conseguir repuestos, ya que se trataba de una unidad de origen norteamericano.

Los reclamantes iniciaron primero un expediente ante la municipalidad. Luego presentaron la demanda judicial con el objetivo de interrumpir el plazo de prescripción, ante la falta de respuesta administrativa. Más adelante solicitaron una pericia mecánica anticipada y requirieron la remisión de las actuaciones municipales.

Para respaldar el reclamo, acompañaron fotografías de la camioneta y de un bache, junto con la portada de un diario fechado el mismo día que el hecho denunciado. También incorporaron un disco con filmaciones de la vía pública y documentación vinculada con la titularidad del vehículo, la licencia de conducir y presupuestos de reparación.

La resolución, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 2 de La Plata, señaló que las imágenes permitían advertir un desperfecto sobre la cinta asfáltica, pero no bastaban para establecer en forma indiscutible cuándo fueron tomadas ni para confirmar que correspondieran al momento y al lugar del accidente. El juzgado consideró que la presencia del diario en las fotos no acreditaba por sí sola la fecha del siniestro.

El fallo indicó que una certificación notarial podría haber aportado certeza sobre la fecha, la ubicación y el estado del lugar. También observó que no se presentaron comprobantes del servicio de grúa ni informes de la empresa que habría realizado el traslado de la camioneta.

Tampoco se incorporaron actuaciones policiales, constancias de asistencia médica ni una denuncia formal del hecho. Para el juzgado, la falta de esos elementos dificultó reconstruir la secuencia del episodio y determinar si los daños del vehículo fueron consecuencia del paso por el bache denunciado.

En el expediente declaró un testigo que conocía al conductor y que dijo haber tomado conocimiento del accidente por su relato. La sentencia remarcó que esa persona no presenció el episodio y que no hubo declaraciones de testigos directos, vecinos u otras personas que pudieran confirmar la existencia del pozo en el momento del supuesto impacto.

La pericia mecánica valuó la reparación de la camioneta en $11.019, según los valores considerados en 2020, y estimó que el trabajo podía completarse en una jornada. Sin embargo, el experto aclaró que su análisis no permitía establecer cómo se produjo el hecho ni determinar la mecánica del siniestro.

El perito explicó que no había fotografías tomadas inmediatamente después del episodio, una pericia planimétrica, huellas, rastros u otros datos técnicos para calcular la velocidad de circulación, las trayectorias previas y posteriores o el punto geográfico exacto del accidente. También destacó que el vehículo tenía cerca de 36 años de antigüedad cuando ocurrió el hecho.

El juez consideró que tampoco se acreditaron circunstancias relevantes, como el horario, las condiciones climáticas y de visibilidad, el estado previo de conservación del vehículo o la velocidad a la que circulaba. La sentencia recordó que los conductores deben mantener el control de sus vehículos y adecuar la marcha a las condiciones del entorno.

El expediente administrativo incluía un acta municipal realizada el 4 de enero de 2018, más de un año después del hecho denunciado, que consignó que no había un bache en la intersección. El juzgado entendió que ese documento tampoco permitía establecer cómo se encontraba la calzada el 27 de octubre de 2016.

La sentencia sostuvo que no estaba acreditado el nexo causal entre una eventual omisión del municipio y los daños reclamados. Por esa razón, desestimó la pretensión indemnizatoria e impuso las costas del proceso a los demandantes. Además, reguló honorarios para los profesionales intervinientes y para el perito mecánico.