El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó por mayoría al suspendido fiscal federal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
Scapolán había sido suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, y se había dispuesto además el embargo del 40% de su sueldo.
El jurado que esta tarde decidió destituir a Scapolán fue presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, debido a que los integrantes de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en el expediente en alguna etapa del proceso.
El jurado fue integrado por los conjueces/legisladores Juan Pablo Allan (Juntos, senador), Daniel Lipovetzky (Juntos, diputado), Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos, diputado), Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos, senadora) y María Eugenia Brizzi (Juntos, diputada). A ellos se sumaron los conjueces/abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli. El único voto en contra de la destitución de Scapolán fue de la senadora Vannelli (Frente Renovador-Todos), quien en diciembre pasado había votado en contra de admitir la acusación contra el fiscal que hoy fue destituido.
La primera denuncia contra el funcionario judicial fue realizada en el 2016 por la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. En octubre del 2021, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado lo había procesado por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, extorsión, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y por ello pidió su desafuero.
Por ese cúmulo de delitos, 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y deberán afrontar un juicio oral y público que se realizará en los Tribunales Federales de San Martín.
La Cámara Federal de San Martín, que revisa las decisiones de Arroyo Salgado, había confirmado gran parte de los procesamientos dictados por la jueza, pero a Scapolán se le había aliviado su situación procesal: se le quitó la figura de asociación ilícita y se confirmó su procesamiento por falsedad ideológica.
El jury había comenzado el 28 de marzo pasado, con las declaraciones de Arroyo Salgado, quien ratificó lo investigado por su juzgado contra el acusado, y del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez que intervino en el caso.
El martes pasado, el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires como acusador en el Jury, había señalado: “Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandi, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad”. consideraron los acusadores.
Además de la destitución el Jury decretó la inhabilitación de Scapolán para ocupar otro cargo judicial y el cese de los pagos que venía recibiendo.
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