Juicio por Antonini Wilson: la Justicia se negó a tratar un planteo de Echegaray y confirmó el debate para el 8 de marzo

El presidente del Tribunal Oral Penal Económico 1 postergó el tratamiento de un recurso hasta el juicio oral. La defensa de ex titular de la AFIP había solicitado la extinción de la acción penal por la garantía del plazo razonable

Echegaray argumenta que estuvo mencionado en la investigación desde el comienzo, en 2007. Y recién fue procesado en 2018.
Echegaray argumenta que estuvo mencionado en la investigación desde el comienzo, en 2007. Y recién fue procesado en 2018.
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El juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson comenzará el 8 de marzo. El presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE 1), Luis Losada, postergó la respuesta a un recurso que había planteado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para ser sobreseído. Dijo que el tratamiento de ese planteo podría demorar le comienzo del debate.

Echegaray le había pedido al TOPE 1 que declare la extinción de la acción penal por la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prevista en la Constitución y en tratados internacionales. El ex titular de la AFIP fue indagado y procesado por el juez Pablo Yaradola en septiembre de 2018, once años después del comienzo de la causa. Ese fue el argumento principal de su defensa para reclamar la “violación del plazo razonable”.

El presidente del Tribunal respondió hoy que el tratamiento de las excepciones que se plantean luego de fijada la fecha del juicio, en este caso fue el 19 de septiembre del año pasado, pueden demorar el proceso. “Si bien la excepción del caso se halla referida exclusivamente al imputado Echegaray, ello no quita que la misma pueda también contemplar las situaciones del resto de los requeridos a juicio -siete (7)- en un pie de igualdad procesal. Se habrá entonces de convenir que el tratamiento de todas esas cuestiones dilatará aún más el inicio del debate pues, al no resultar evidente su verificación, las partes poseen el derecho de recurrir lo que se decida”, sostuvo Losada.

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Y agregó: “Fuera de aquellos casos en los cuales la verificación de la extinción de la acción penal virtualmente sólo necesite de unos pocos elementos de juicio (vgr. muerte del imputado), en los demás supuestos la discusión sobre su procedencia debe estar supeditada al buen orden del proceso”.

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Además de Echegaray están acusados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y cuatro ex funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra. En cambio, Antonini Wilson nunca pudo ser indagado en Argentina porque Estados Unidos se niega a su extradición.

Se espera casi un año de debate oral, con más de 100 testigos. En principio, el juicio será con un sistema mixto o semi presencial, para que algunos testigos puedan estar presentes en la sala de audiencias.

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La investigación del caso duró trece años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a De Vido y Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción.

La defensa de Echegaray argumenta que estuvo mencionado en la investigación desde el comienzo, en 2007. Y recién fue procesado en 2018. Por eso pidió la extinción de la acción penal por la garantía del plazo razonable.

Ante la respuesta del TOPE 1, la abogada de Echegaray anticipó a Infobae que apelará ante la Cámara de Casación. “Los magistrados intervienes no pueden ni deben interponer una norma procesal al considerar la solicitud de esta defensa como una excepción en los términos del art. 339 apartado 2 del CPPN a los fines de ser tratada en la etapa de juicio cuando justamente lo que se pretende es la tutela judicial sobre aquella garantía constitucional visiblemente afectada. Máxime cuando la circunstancia de que la dilación del trámite en este proceso es de exclusiva responsabilidad de las autoridades judiciales intervinientes en la etapa sumarial”, sostuvo la abogada Yanina Nicoletti.

Aunque todavía no se dio a conocer el cronograma de audiencias, se espera casi un un año de audiencias.

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