
La Fundación 15 de Septiembre denunció ante autoridades federales de Estados Unidos una presunta red de corrupción que habría operado en consulados hondureños durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, mediante la venta irregular de citas para realizar trámites consulares.
El presidente de la organización, Juan Flores, explicó que recurrieron a las autoridades estadounidenses debido a que, según afirmó, no recibieron respuestas de las instituciones hondureñas sobre las irregularidades que habían señalado.
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Flores sostuvo que la supuesta estructura, a la que denominó una “red de coyotes consulares”, cobraba dinero a los migrantes hondureños que necesitaban obtener una cita para realizar diferentes gestiones, entre ellas trámites relacionados con sus pasaportes.
“Al no tener respuestas de las autoridades hondureñas, pues nos vimos en la obligación de denunciar ante las autoridades federales de los Estados Unidos todo este acto de corrupción que se estuvieron haciendo en la administración de la presidenta Xiomara Castro, donde había una red de coyotes consulares en los Estados Unidos en la que vendían citas a todas aquellas personas que no tenían”, manifestó.
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El dirigente de la organización señaló que las presuntas irregularidades no se limitarían a un solo consulado, sino que tendrían presencia en distintas ciudades de Estados Unidos, por lo que pidió una investigación que permita establecer quiénes estarían involucrados.
De acuerdo con las declaraciones de Flores, los cobros por conseguir una cita consular supuestamente oscilaban entre US$300 y US$1,000, dependiendo de la urgencia del trámite y del tiempo en que el solicitante necesitara recibir su pasaporte.
El representante de la Fundación 15 de Septiembre afirmó que la presunta red habría funcionado mediante una coordinación entre personas en Estados Unidos y contactos en Honduras.
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“Y todo esto es una trama bien orquestada desde Honduras, porque para que facilitaran una cita debía tener la avenía de la Cancillería de Honduras, donde desde Tegucigalpa, pues controlan el acceso a una cita a un compatriota”, expresó.
Según Flores, la supuesta comercialización de citas no se habría concentrado únicamente en el consulado de Atlanta, sino que también habría alcanzado otras sedes diplomáticas hondureñas.

Entre las ciudades que mencionó figuran Charlotte, Carolina del Norte; Houston y Dallas, en Texas; y Nueva Orleans, además de Atlanta.
La denuncia apunta a que los migrantes que necesitaban realizar trámites consulares habrían tenido que pagar cantidades adicionales para acceder a espacios que, según el reclamo, debían estar disponibles mediante los procedimientos oficiales.
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Flores también cuestionó que algunas personas que actualmente trabajan en consulados hondureños en Estados Unidos tendrían vínculos familiares con exfuncionarios de la administración anterior.
El dirigente aseguró que varios de esos empleados continúan en sus cargos y consideró necesario que las autoridades hondureñas revisen sus nombramientos y las actuaciones relacionadas con la supuesta venta de citas.
En sus declaraciones, mencionó directamente al excanciller Enrique Reina, al afirmar que durante su gestión le comunicaron sobre las presuntas irregularidades, pero que no habrían recibido una respuesta efectiva.
“A Enrique Reina se le hizo saber de todo esto que estaba sucediendo y él se hizo de la vista gorda, pero no lo entendíamos y no sabíamos por qué actuaba de esa forma. Pero nos terminamos dando cuenta que incluso el del consulado de Washington DC es primo de él”, sostuvo.
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Ante estos señalamientos, la Fundación 15 de Septiembre solicitó a la Cancillería hondureña intervenir los consulados mencionados, realizar auditorías y verificar cómo se estaban asignando las citas para los trámites de los compatriotas en Estados Unidos.
Flores pidió que se abra una investigación independiente para determinar si existieron cobros irregulares, quiénes habrían participado y si hubo funcionarios que facilitaron el acceso a los espacios consulares.
La organización considera que las autoridades deben esclarecer las denuncias y adoptar medidas para evitar que los migrantes sean afectados económicamente cuando necesitan realizar gestiones oficiales.
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