Honduras se ubica en el nivel dos del informe de trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a Honduras en el Nivel 2 de su Informe sobre Trata de Personas de 2026. La clasificación incluye a los países cuyos gobiernos no cumplen por completo las normas mínimas establecidas por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, pero realizan esfuerzos considerados significativos para alcanzar esos parámetros.

El Nivel 2 no implica que el país haya resuelto el problema. La evaluación estadounidense no mide la cantidad total de víctimas, sino las medidas oficiales de prevención, protección, investigación y sanción. El informe plantea que esta categoría reconoce avances gubernamentales, aunque también señala deficiencias que impiden ubicar al país en el Nivel 1, reservado para los gobiernos que cumplen plenamente con los estándares de la legislación estadounidense.

La permanencia de Honduras en ese escalón responde a una combinación de medidas institucionales y limitaciones en la respuesta estatal. Según el último informe individual disponible del Departamento de Estado, las autoridades hondureñas aumentaron los procesos contra presuntos tratantes y las condenas por estos delitos. Durante 2024, el país investigó 42 casos, inició acciones judiciales contra 69 sospechosos y obtuvo 30 condenas, frente a las 21 registradas el año anterior. La mayoría de los expedientes estuvo vinculada con explotación sexual, aunque también se registraron investigaciones y condenas por trabajo forzoso.

El documento también destacó la implementación de tres protocolos locales para identificar y asistir a víctimas, además de consultas con sobrevivientes para discutir cambios en la legislación contra la trata. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas recibió 40 millones de lempiras en 2024, equivalentes entonces a USD 1.58 millones, para financiar parte de sus actividades de coordinación, prevención y atención.

Pese a esas acciones, Estados Unidos advirtió que Honduras todavía no cumple varias condiciones centrales. Entre las personas identificadas en las estadísticas de 2024 había 42 víctimas de trata sexual, cinco de explotación laboral, una de trata no especificada y un niño sometido a criminalidad forzada. El informe indicó además que el Estado no comunicó que hubiera brindado servicios a todas las víctimas identificadas durante ese año.

La falta de personal, recursos y cobertura territorial aparece como uno de los principales obstáculos. Las unidades policiales y fiscales especializadas operan sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras que la asistencia fuera de los centros urbanos sigue siendo limitada.

Las autoridades también realizaron esfuerzos insuficientes para detectar casos de trata laboral, según el reporte estadounidense. Ninguno de los refugios disponibles para víctimas aceptaba hombres, lo que restringía la respuesta para una parte de la población afectada.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que Honduras es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. En un análisis difundido en 2021, el organismo indicó que cerca del 40% de las víctimas detectadas en el país había sufrido alguna forma de explotación laboral, entre ellas el trabajo doméstico.

La vulnerabilidad también está relacionada con los flujos migratorios. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que 360,868 personas ingresaron de forma irregular a Honduras entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2024. Aunque esa cifra no equivale a víctimas de trata, el tránsito irregular incrementa los riesgos de explotación, fraude, captación por redes criminales y trabajo forzoso.

El Departamento de Estado identifica como grupos expuestos a mujeres, niños, migrantes, personas indígenas y afrodescendientes, desplazados internos, personas con discapacidad y habitantes de zonas bajo influencia de estructuras criminales. También advierte sobre la captación mediante redes sociales, falsas ofertas de empleo y vínculos afectivos fraudulentos.

La ubicación de Honduras en el Nivel 2, ratificada en el informe de 2026, refleja que el país conserva mecanismos de persecución y prevención, pero debe ampliar la identificación de víctimas, garantizar servicios en todo el territorio y fortalecer las investigaciones sobre explotación laboral y posibles casos de complicidad oficial.