
La subsecretaria adjunta para Centroamérica del Departamento de Estado, Ana Quintana-Lovett, concluyó una visita a Guatemala en la que trasladó a las autoridades locales y a los actores políticos un mensaje directo: los comicios generales de 2027 deben quedar libres de la influencia del narcotráfico y de otras injerencias que buscan debilitar la democracia en el hemisferio occidental. La funcionaria sostuvo que el pueblo guatemalteco merece integridad electoral y que su voluntad sea respetada en las urnas.
Durante su estadía, Quintana-Lovett se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, con líderes del Congreso, con representantes de la prensa guatemalteca, con alcaldes y con dirigentes de los partidos políticos ya inscritos para la contienda electoral del próximo año, según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. El encuentro se produjo en un escenario de creciente presión de Washington sobre las estructuras criminales que, según el gobierno estadounidense, intentan infiltrar el proceso electoral guatemalteco.
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Washington endurece su postura hacia el crimen organizado
La gira de la subsecretaria adjunta llega apenas días después de que el Departamento de Estado designara a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, el 13 de noviembre. En simultáneo, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Los Huistas y a Los Mendoza por su presunto apoyo a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
El Tesoro señaló que Los Huistas mantienen vínculos con empresarios, funcionarios de seguridad y actores políticos locales que les permitieron ampliar su influencia y facilitar operaciones ilícitas. La dependencia no identificó a ningún partido o candidato en particular, pero remarcó que corresponde a las autoridades guatemaltecas investigar cualquier conexión entre organizaciones criminales y actores políticos conforme a la legislación nacional.
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El encargado de Negocios de la embajada, Jorgan Andrews, había advertido semanas antes, durante un evento en la Universidad del Valle de Guatemala, que los cárteles “quieren comprar influencia e intimidar a la ciudadanía” de cara a los comicios de 2027. Esa declaración se sumó a un comunicado difundido en agosto por la misión diplomática, que calificó de alarmantes, aunque no sorprendentes, las noticias sobre políticos vinculados al narcotráfico que intentan mantener sus actividades “en la sombra”.

Antecedente de agosto marcó la postura de cero tolerancia
La visita de Quintana-Lovett se inscribe en una línea de comunicados que la embajada estadounidense viene sosteniendo desde el tercer trimestre de este año. En septiembre, durante otra gira de la misma funcionaria por Ciudad de Guatemala, Washington y Guatemala habían ratificado una política de cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales, con reuniones que incluyeron al mandatario Arévalo, al ministro de la Defensa Henry Sáenz Ramos y al fiscal general Gabriel García Luna.
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En aquella ocasión, la embajada había anticipado nuevas revocaciones de visas a personas que representen una amenaza a la seguridad o a los procesos democráticos, una herramienta que el gobierno estadounidense volvió a mencionar como parte de su arsenal frente a la influencia del crimen organizado en la política guatemalteca.
Escalada de violencia precede la gira diplomática
El recorrido de la subsecretaria adjunta se produjo en un contexto de tensión en el territorio guatemalteco. El 15 de noviembre, el Ejecutivo decretó un estado de sitio de 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal tras una ola de violencia vinculada al narcotráfico que incluyó una emboscada con múltiples víctimas, entre ellas un legislador. Arévalo anunció que su gobierno ejecutará operaciones coordinadas para desarticular las estructuras criminales en esas zonas, aunque descartó solicitar al Congreso la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses al país.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto el llamado formal a elecciones para el 22 de enero de 2027, con el inicio de campaña fijado para el 29 de marzo y la jornada de votación establecida para el 27 de junio de ese año.
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