
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que no pedirá al Congreso autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos con el objetivo de enfrentar la violencia y las estructuras criminales que operan en los departamentos de Zacapa e Izabal, ambos bajo estado de sitio desde el 14 de noviembre.
El mandatario sostuvo que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala cuentan con los recursos necesarios para responder a la situación de seguridad en el oriente del país.
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La declaración tuvo lugar durante una conferencia de prensa La Ronda, después de que se le consultara por una eventual participación de fuerzas estadounidenses ante la escalada de ataques armados.
“No hay ninguna intención de solicitar al Congreso la autorización para la operación de fuerzas militares”, señaló Arévalo. El presidente agregó que las instituciones guatemaltecas están en condiciones de actuar frente a los grupos criminales.
Arévalo confía en la capacidad de las fuerzas de seguridad guatemaltecas
La posibilidad de solicitar apoyo militar extranjero surgió tras la designación de determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas por parte de Washington.
Estados Unidos incluyó entre ellas a tres cárteles guatemaltecos, según la información difundida, entre los cuales figura una estructura vinculada con la familia Lorenzana, con presencia en Zacapa.
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Para que militares estadounidenses puedan realizar operaciones en Guatemala, el Ejecutivo debería obtener una autorización del Congreso de la República. El oficialismo, sin embargo, cuenta con una representación minoritaria en el Legislativo.
Arévalo descartó esa alternativa y remarcó que el Gobierno no contempla iniciativas de esa naturaleza. La postura del mandatario también se conoció meses después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteara la posibilidad de emprender acciones militares contra el crimen organizado en territorio guatemalteco.
Guatemala forma parte de la coalición Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según los antecedentes mencionados durante la conferencia.
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Las investigaciones por los ataques permanecen bajo reserva
El presidente fue consultado además por las organizaciones que podrían estar detrás de los homicidios y ataques registrados en Zacapa e Izabal durante las últimas semanas. Entre los casos mencionados figura el asesinato del diputado Julio César Portillo, quien murió el 6 de noviembre en un ataque armado en Zacapa.
También se le preguntó por los hechos ocurridos en Huité y por la muerte de otras cinco personas. Arévalo evitó atribuir los crímenes a una estructura específica y explicó que las pesquisas se encuentran bajo reserva.
“Hay investigaciones que están bajo reserva y en este momento no se puede compartir información alrededor del tema”, indicó el jefe de Estado. Añadió que revelar detalles sobre las estrategias de seguridad podría afectar los procedimientos que llevan adelante las autoridades.
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El mandatario afirmó que parte de los resultados de las investigaciones y de las operaciones será comunicada en los próximos días. También informó sobre la captura de dos personas requeridas en extradición, una guatemalteca y otra mexicana, quienes quedaron a disposición de las autoridades que solicitaron su entrega.
El estado de sitio rige por 30 días en Zacapa e Izabal
El Gobierno decretó el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal luego de una sucesión de ataques armados que comenzó a finales de septiembre. La violencia dejó una veintena de muertos, de acuerdo con el balance oficial citado en la información difundida.
Entre los episodios bajo investigación figura un ataque cometido a finales de septiembre, en el que murieron ocho personas el municipio de Huité.

Versiones anónimas relacionadas con ese hecho mencionaron una supuesta participación de militares guatemaltecos y la posible presencia de agentes estadounidenses. Arévalo señaló que esas declaraciones están en manos del Ministerio Público, organismo que deberá establecer las conclusiones del caso.
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La medida de excepción restringe garantías constitucionales, como las libertades de circulación y reunión. Además, permite detenciones y allanamientos sin orden judicial, dentro de los alcances establecidos por la declaratoria.
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