Exmandataria de la Cicig solicita levantar el antejuicio al juez Jimi Bremer

Claudia González presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Jimi Bremer, a quien atribuye cinco posibles delitos por las decisiones adoptadas en el proceso penal que enfrenta por abuso de autoridad.

La exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) busca que se investiguen presuntas vulneraciones a sus derechos, después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas calificara de arbitraria su detención de 2023.

La petición fue entregada este lunes 21 de septiembre ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, en la Torre de Tribunales.

El expediente pasó al Juzgado Quinto Penal, que deberá inhibirse y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, encargada de decidir si da curso al levantamiento de la inmunidad del magistrado.

González pretende que Bremer sea investigado por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. La abogada sostiene que las actuaciones judiciales la dejaron en una situación de indefensión para resolver su situación legal.

“Todas las acciones en mi contra, mi detención y todas las vulneraciones de derechos humanos que se dieron dentro de mi proceso tienen que ser investigadas por el Estado de Guatemala”, afirmó González al explicar los fundamentos de la acción.

Las actuaciones cuestionadas durante el proceso penal

La denuncia apunta a los aplazamientos de audiencias, la reserva aplicada al expediente y el rechazo de la mayor parte de las pruebas de descargo ofrecidas por su defensa. González cuestionó también que se le imputara abuso de autoridad, al sostener que nunca ejerció como funcionaria pública.

“Yo no fui funcionaria, nunca fui funcionaria pública, entonces tampoco cabría el tema de levantar un proceso penal por el delito de abuso de autoridad”, señaló. Sobre la audiencia para presentar pruebas, añadió: “Rechazó casi toda mi prueba; o sea, me dejó en estado de indefensión total”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la captura de González y la privación de su libertad vulneraron sus derechos fundamentales y debían ser investigadas por el Estado de Guatemala.

En prisión durante 82 días

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 tras un allanamiento en su vivienda y permaneció 82 días en prisión preventiva en el centro militar Mariscal Zavala. La Sala Primera de Apelaciones le concedió posteriormente medidas sustitutivas al considerar que la prisión carecía de fundamentación suficiente.

La audiencia de primera declaración se realizó nueve días después de la captura, pese a que la legislación fija un plazo máximo de 24 horas. El caso fue declarado bajo reserva, lo que restringió el acceso a la información sobre el proceso.

Las suspensiones incluyeron ausencias del Ministerio Público, excusas de jueces, demoras para presentar actos conclusivos y postergaciones de las audiencias de ofrecimiento de prueba. La etapa intermedia se extendió durante más de un año, con interrupciones atribuidas también a exceso de trabajo y a presuntas presiones externas.

El 18 de marzo de 2025, Bremer resolvió enviar a González a juicio. Dos meses después, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal suspendió la audiencia de inicio porque el Ministerio Público no compareció y fijó el debate para el 12 de mayo de 2027, al alegar que no contaba con otra fecha disponible por la carga de trabajo.

La denuncia de Blanca Stalling y el origen del expediente

El proceso contra González se originó en una denuncia de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, fallecida en noviembre de 2025, quien acusó a la abogada por las indagaciones que realizó en 2017 mientras trabajaba para la Cicig.

La exmagistrada había sido investigada por presunto tráfico de influencias luego de que el exjuez Carlos Ruano la denunciara. Ruano sostuvo que Stalling intentó influir para que dejara en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado en un caso de corrupción.

Aunque González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales. La acusación quedó exclusivamente a cargo del Ministerio Público que, en ese entonces, estaba bajo la dirección de Consuelo Porras, sancionada en 43 países.

Abogados Sin Fronteras Canadá y la defensa de González exigieron al Estado de Guatemala cumplir la resolución de Naciones Unidas y reparar las vulneraciones denunciadas. La organización afirmó que la persecución penal se relaciona con la labor de la abogada en la comisión, un organismo de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 200 estructuras corruptas dentro del Estado.

El juez Bremer y los antecedentes de sanciones internacionales

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez es titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y ha intervenido en procesos contra exfiscales, abogados, periodistas y antiguos operadores de justicia. Entre sus resoluciones figuran autorizaciones de diligencias y allanamientos vinculados a investigaciones contra exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Bremer fue incluido en listas de sanciones de la Unión Europea y del Gobierno de Estados Unidos, incluida la Lista Engel, bajo señalamientos de atentar contra la democracia y el Estado de derecho. La solicitud de González busca que la Corte Suprema de Justicia determine si puede ser investigado por las decisiones que tomó durante su proceso.