Gobierno de Guatemala advierte que exonerar el impuesto a la primera vivienda restaría unos 157.5 millones de dólares a las municipalidades

El presidente Bernardo Arévalo analiza si sanciona o veta el decreto 18-2026, que reforma el IUSI y exonera del pago a la primera vivienda, mientras el Ministerio de Finanzas Públicas calcula que la medida podría restar Q1,200 millones ( unos 157.5 millones) a las municipalidades y afectar el financiamiento de agua, saneamiento, seguridad e infraestructura comunitaria.

El decreto fue aprobado por el Congreso de la República el 29 de julio y llegó al despacho presidencial el 7 de agosto. En la conferencia de prensa La Ronda del 10 de agosto, el mandatario dijo que la revisión incluye criterios técnicos y políticos para determinar si los cambios responden a una necesidad de la población o a otros intereses.

Arévalo adelantó que la decisión del Ejecutivo probablemente se conocerá en la próxima edición de La Ronda. El análisis ocurre mientras diputados esperan la sanción y publicación de las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles.

El Ministerio de Finanzas calcula una caída de Q1.200 millones para las comunas

El Ministerio de Finanzas Públicas estima que la eliminación del cobro del IUSI sobre viviendas reducirá en Q1.200 millones los ingresos municipales.

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig sostuvo que esa merma comprometería recursos que hoy se destinan a servicios básicos y obras locales.

Menkos afirmó que “nuestro cálculo es que las municipalidades dejarían de recibir alrededor de Q1.200 millones como fruto de este cambio. Mi opinión técnica, como lo he expresado, es que cualquier reforma en este país que merme los recursos del Estado es una reforma que no está observando las necesidades de desarrollo que tiene la sociedad en general”.

El funcionario añadió que el IUSI no solo recauda fondos, sino que también forma parte de los mecanismos de descentralización y autonomía municipal. Señaló que, en este caso, se trata de un financiamiento autónomo generado desde el territorio y dirigido a fines específicos como agua, saneamiento, seguridad y parques.

También recordó que la Constitución prevé mecanismos de traslado de recursos hacia los gobiernos municipales, entre ellos el situado constitucional. Aun así, advirtió que compensar la pérdida de este tributo sería difícil, aunque el Gobierno tendría que explorar alternativas para sostener el desarrollo en las comunidades.

Estas declaraciones fueron dadas en el Summit de Inversión, un evento organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura para presentar su portafolio de proyectos de Alianzas Público-Privadas, y publicadas en los medios oficiales del Minfin.

El decreto exime a viviendas residenciales o mixtas y redefine tasas para inmuebles comerciales

El IUSI es un impuesto que pagan los propietarios de bienes inmuebles a la municipalidad donde está ubicada la propiedad. Su cobro es trimestral y está regulado por la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles de 1998.

La reforma contenida en el decreto 18-2026 terminó concentrándose en dos cambios. El primero es la exoneración del IUSI para viviendas de uso residencial o mixto; el segundo, la fijación de tasas de entre 3 y 9 por millar para inmuebles de uso comercial.

La discusión legislativa sobre este tributo venía desde 2024, cuando varios diputados presentaron la iniciativa 6369 para reducir los porcentajes aplicados al impuesto. Esa propuesta no obtuvo la aprobación de la comisión legislativa correspondiente.

En 2025 ingresó una nueva propuesta, la iniciativa 6586, que también planteaba una reducción del IUSI e incluía inicialmente una exoneración para adultos mayores y jubilados.

Esa iniciativa sí recibió dictamen favorable de la comisión a finales de ese año, antes de ser modificada durante su trámite en el Congreso.

Menkos sostiene que eliminar el impuesto perjudica a las comunidades que dependen de esos servicios

En una columna de opinión publicada en el Diario Oficial el 10 de agosto, Menkos cuestionó la idea de que suprimir impuestos ayude automáticamente a los hogares. Planteó que esa narrativa presenta al tributo como un abuso y no como el costo de sostener la vida en común.

El ministro escribió: “La reciente decisión de eliminar el impuesto único sobre inmuebles a las viviendas se defiende con un argumento magnánimo: aliviar a las familias. Otros dicen que hay que eliminarlo porque en algunos municipios ese impuesto se administra mal y no se refleja en obras.

Pero de ahí salen dos conclusiones opuestas: arreglarlo, haciéndolo efectivo y transparente, o eliminarlo. Y eliminarlo, aunque suene generoso, suele ser la salida que menos ayuda a las familias”.

A juicio del titular de Finanzas, la medida es regresiva porque la mayoría de la población no posee inmuebles de alta plusvalía y sí depende de los servicios que ese fondo costea.

Según su planteamiento, el desmantelamiento de esa recaudación no afectará solo a la administración municipal, sino a las comunidades que perderían recursos para desarrollo e infraestructura.

Menkos señaló que esos fondos permiten garantizar agua potable para prevenir enfermedades infantiles y alumbrado público para reforzar la seguridad en las calles. También afirmó que una reforma bien diseñada podría dirigir recursos a escuelas locales de deporte y arte.