El Ministerio de Gobernación y la PNC rechazan la resolución de la PDH por el desalojo en Nebaj

Gobernación y la policía rechaza declaración de violadores de derechos humanos contra dos altos mandos tras un desalojo violento en Guatemala

Luego que el Ombudsman guatemalteco declarara como violadores de derechos humanos a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil rechazaron los señalamientos y justificaron el actuar de los oficiales durante el desalojo de una anciana de 72 años que ha sido catalogado como “violento”.

A través de comunicados separados, ambas instituciones insistieron en que su actuar consistió en una petición judicial de acompañamiento a un lanzamiento. Este ocurrió el pasado 30 de julio en el caserío Xecoxo, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.

Gobernación sostuvo que la diligencia se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial firme y con la presencia de representantes del juzgado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), paramédicos y un delegado de la propia Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Esta última determinó que durante el procedimiento existieron violaciones a los derechos humanos y declaró violadores de esos derechos al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71 de la PNC.

“El Ministerio de Gobernación recibe con respeto institucional la resolución emitida por la PDH”, manifestó la institución a través de un comunicado, en el que insistieron que “la diligencia de desalojo se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de San María Nebaj”, por lo que no fue una actuación “unilateral”.

Por su parte, la PNC indicó que “todas sus intervenciones operativas se fundamentan en el estricto respeto a los derechos humanos y en los principios de legalidad”, ante ello, manifestaron su “profunda preocupación ante los señalamientos de la PDH hacia otras instituciones, obviando que la PDH” estaba presente en la diligencia, por lo que pudo “ejercer la mediación técnica e imparcial en el sitio para prevenir el escalamiento del conflicto social”.

Indignación y conflicto social

Todo inició el pasado 30 de julio cuando Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años, fue desalojada de su vivienda por una orden judicial promovida por su hijo Pedro Santiago López. Al lugar se hicieron presentes más de 30 agentes de la PNC y de las Fuerzas Especiales conocidas como antimotines.

Eran sólo cuatro mujeres las que se encontraban en su residencia. Durante el procedimiento, las pertenencias de la familia fueron sacadas de la vivienda. Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes policiales empujando a la mujer de 72 años y cargando a la fuerza a su hija, Juana López, de 51, todo para desalojarlas de la vivienda que le fue heredada Santiago Chel.

Todo era publicado en vivo por medios locales, por lo que residentes de Nebaj se agruparon para defender a la mujer y a su familia. Horas más tarde, cientos de pobladores protestaron por el operativo. Un grupo llegó a la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales y le prendió fuego; tras ese ataque, el Organismo Judicial condenó lo ocurrido y expresó respaldo a la juzgadora.

Las críticas fueron enormes y provenían de diferentes sectores, principalmente contra la policía a quienes acusaron de abuso excesivo de la fuerza. Incluso, el abogado de Santiago Chel presentó varias denuncias en contra los agentes, que ahora es conocido por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público.

Investigaciones en proceso

Luego de la condena de la PDH, el Ministerio de Gobernación y de la PNC reiteraron que se inició una investigación interna para determinar su hubo algún abuso durante el procedimiento.

Las diligencias están a cargo de la Inspectoría General de la PNC, quienes, afirman, realizan una “investigación rigurosa sobre el personal policial que participó en el operativo”.

Mientras que la cartera del Interior afirmó que la resolución de derecho humanos será incluida dentro del expediente.