El Congreso de la República de Guatemala aprobó, este martes, con 147 votos a favor, la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento. Dicha legislación representa un paso relevante para el país, ya que actualiza el marco legal guatemalteco en prevención y combate de estos delitos, alineándose con estándares internacionales.
La votación se llevó a cabo tras semanas de negociaciones y discusiones, donde distintos bloques legislativos analizaron y consensuaron enmiendas al texto final. De acuerdo con la información difundida por el propio Congreso, la iniciativa busca dotar a Guatemala de herramientas legales modernas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que han presionado la integridad del sistema financiero nacional.
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Entre los puntos destacados del nuevo decreto se encuentran:
- Actualización del marco legal de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
- Armonización con estándares internacionales (GAFI / GAFILAT)
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir la entrada de capitales ilícitos
- Protección de la reputación financiera de Guatemala
Durante la discusión parlamentaria, los diputados destacaron la necesidad de contar con una legislación actualizada que permita fortalecer la vigilancia y el control sobre las operaciones financieras sospechosas, así como mejorar los mecanismos de cooperación internacional.
La aprobación de la ley se produjo con el respaldo de la mayoría de los diputados presentes, reflejando una voluntad política orientada a blindar la economía nacional frente a delitos complejos y transnacionales.
Superintendencia de Bancos resalta importancia de la ley
La Superintendencia de Bancos (SIB) celebró la aprobación del Decreto 15-2026, considerándolo un hito. Según un comunicado oficial emitido tras la votación, la SIB reconoció el esfuerzo de los distintos actores institucionales que participaron en la elaboración, análisis y aprobación de la ley.
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La nota resalta que por primera vez se integran en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, sustituyendo un marco legal que llevaba más de 25 años en vigencia.
De acuerdo con la SIB, la efectividad de este nuevo marco dependerá de su implementación adecuada, la articulación entre las autoridades competentes y la participación de todos los actores del sistema financiero. La entidad reiteró su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de mantener la integridad del sistema financiero guatemalteco en línea con los compromisos internacionales.
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El Decreto 15-2026 incorpora principios y prácticas recomendadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este marco armonizado busca elevar la capacidad institucional de Guatemala para prevenir la entrada de capitales ilícitos, así como proteger la reputación financiera del país en el entorno global.
La SIB enfatizó que la aprobación de esta ley reafirma el compromiso del Estado de Guatemala con la transparencia y la resiliencia del sistema financiero, además de responder a la evolución de los delitos financieros y las crecientes exigencias regulatorias de la comunidad internacional. La entidad también subrayó que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país, que requiere la participación coordinada de autoridades, sector privado y ciudadanía.
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Pronunciamiento del presidente Arévalo
Se incorpora la declaración emitida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien celebró la aprobación de la nueva normativa a través de sus redes sociales. El mandatario expresó: “Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado”.
La publicación del mandatario guatemalteco resalta el alcance de la ley y enfatiza el objetivo de la nueva legislación: debilitar las estructuras financieras de organizaciones delictivas y proteger a la ciudadanía.
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