Daniel Ortega declaró este domingo en Managua que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones en las que la oposición dispute el poder.
Lo dijo durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista y cerró la vía electoral hacia los comicios previstos para noviembre de 2027, los primeros bajo la nueva Constitución.
La frase la pronunció ante una multitud durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. “¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, sentenció Ortega.
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Desde el exilio, el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro respondió en un audio enviado a los medios: Ortega “se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua”.

La respuesta del exilio
Chamorro, economista y uno de los siete precandidatos presidenciales que el régimen encarceló antes de los comicios de 2021, fue desterrado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos en un vuelo directo a Washington.
El régimen los declaró “traidores a la patria”, los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y les quitó la nacionalidad mediante una reforma constitucional aprobada en sesión de emergencia el mismo día de su expulsión, según documentó BBC News Mundo.
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Para el opositor, el anuncio de Ortega no es una sorpresa sino la confirmación de una convicción que el mandatario ha sostenido durante años: que los partidos políticos “dividen a las sociedades”.
“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido”, interpretó Chamorro en declaraciones recogidas por El País.
Chamorro también sostuvo que Ortega “se ha envalentonado” frente a Estados Unidos y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones, aún así sea robándoselas".
Qué implica el anuncio
El analista político en el exilio Eliseo Núñez planteó una lectura del anuncio, citada por El País: “Ortega juega a los hechos consumados. Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.
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El abogado opositor Juan Diego Barberena, cuyo título profesional fue cancelado recientemente por el régimen, afirmó a El País que lo novedoso “no es que las elecciones dejen de ser libres”, sino que Ortega anuncia que “ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”. Para Barberena, el mensaje apunta a “la perpetuación del poder de forma dinástica".
Para concretar el cierre electoral, Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que “pongan un muro, un bloque” a cualquier partido que pretenda llegar al Gobierno por la vía electoral.
El sistema político bajo Ortega
Ortega, de 80 años, acumula el poder en Nicaragua desde 2007. Las elecciones presidenciales de 2021 ilustran el sistema que ahora formaliza: todos los precandidatos con posibilidades reales fueron encarcelados antes de los comicios y el binomio Ortega-Murillo se adjudicó el 75.92% de los votos.
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Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”; otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.
Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, quien era vicepresidenta y fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una reforma constitucional que, según expertos de la ONU citados por medios brasileños, dio “un golpe final al Estado de derecho” en el país.
La misma reforma eliminó los límites de mandato, extendió el período presidencial a seis años, subordinó el poder judicial y legislativo al ejecutivo y legalizó los grupos paramilitares que en 2018 fueron señalados de matar a más de 350 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La presión internacional y la crisis
La crisis política nicaragüense comenzó en abril de 2018, cuando protestas contra una reforma al sistema de seguridad social desembocaron en una represión que dejó más de 300 muertos, según la ONU. El régimen la calificó de intento de golpe patrocinado por Washington.

Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder. En marzo pasado, el Departamento de Estado declaró que su estrategia busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”, sin descartar nuevas sanciones.
“Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió un portavoz, según El País.
Chamorro interpretó el desafío de Ortega como una reacción directa a esa presión internacional: el mandatario está respondiendo a las demandas opositoras y a la comunidad occidental, que exigen la vía democrática como única salida a la crisis. “Y es por ello que Ortega dice: no”, concluyó el opositor desde el exilio.
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