
Varios de los llamados capos invisibles y poderosos testaferros del Clan del Golfo y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han ido saliendo poco a poco del país para refugiarse en Panamá.
La información la publica la revista colombiana Semana, que la atribuye a fuentes de inteligencia, mientras que en Panamá no se ha dado hasta el momento ninguna reacción de parte de las autoridades de seguridad.
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La estampida de narcos, al parecer y según la información, se habría originado tras la victoria en Colombia de Abelardo De La Espriella, quien promete mano dura para los bandidos y, además, les dio un ultimátum para que se sometan a la justicia en 30 días.
Con la salida de los capos, siempre de acuerdo con Semana, las autoridades también han detectado millonarios movimientos de dinero hacia el exterior.
La revista consigna que el presidente electo Abelardo De La Espriella volvió a lanzar un ultimátum a los cabecillas de los grupos armados, pero en esta oportunidad apuntó a dos de las cabezas más altas que tiene el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Santander.
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El próximo jefe de Estado reiteró que una de sus banderas será combatir a los terroristas e intentar devolver la paz y la tranquilidad a las zonas golpeadas por la violencia.
En Panamá lo reportado por Semana rememora cuando en la primera mitad de la década de 1980 la presión judicial y política contra el Cartel de Medellín se intensificaba en Colombia, y varios de sus máximos jefes buscaron refugio temporal en Panamá.
Esa vez, amparados por la red de protección que ofrecía el régimen del general Manuel Antonio Noriega y por la posición estratégica de este país en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.
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Distintas fuentes históricas sostienen que en ese contexto Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín, llegó a obtener una cédula de identidad personal panameña, con el número 4-102-701, correspondiente a la provincia de Chiriquí, expedida en medio de acuerdos informales y de la corrupción institucional que caracterizaba el entramado de poder de la época.
La existencia de esa cédula ha sido objeto de controversia, debido a graves inconsistencias en los datos registrados, entre ellas una fecha de nacimiento imposible, lo que ha servido tanto para evidenciar la vulnerabilidad del sistema de identificación panameño como para alimentar relatos sensacionalistas sobre la capacidad de los capos para infiltrarse en las estructuras estatales.
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Las relaciones de Noriega con los carteles de Medellín y Cali se remontan al menos a 1982, cuando las organizaciones de narcotráfico colombianas buscaban consolidar rutas eficaces para transportar cocaína hacia Estados Unidos y requerían protección estatal en puntos estratégicos.
Un reportaje del diario colombiano El Tiempo señala que a partir de ese año se establecieron vínculos entre Noriega y los carteles de Medellín y Cali, en momentos en que Escobar utilizaba diversas plataformas para enviar droga al mercado estadounidense.
Una pieza clave en la comprensión de estas relaciones son los testimonios presentados en procesos judiciales contra Noriega en Estados Unidos.
En 1991, el ex “embajador itinerante” panameño en Washington, Ricardo Bilonick, declaró que el Cartel de Medellín había pagado a Noriega alrededor de $10 millones -unos $500.000 dólares por envío- para que protegiera vuelos cargados de drogas que partían desde Panamá hacia Estados Unidos a comienzos de los años ochenta.
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Según este testimonio, Noriega habría utilizado sus conexiones y control sobre el espacio aéreo panameño para garantizar que los vuelos del Cartel no fueran interceptados, a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
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