Guatemala: El Congreso oficializa entrega de asistencia financiera a familias de agentes de la Policía Nacional Civil

El Congreso de la República de Guatemala ratificó la asignación de un pago de resarcimiento en favor de las familias de 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y de cuatro heridos durante los ataques armados perpetrados el 18 de enero, medida que fue implementada con carácter de urgencia en respuesta al impacto social y al debate sobre el respaldo a las fuerzas de seguridad, en un contexto de violencia asociada a criminalidad organizada, según información del Congreso de la República en sus redes sociales.

Durante la ceremonia de homenaje póstumo en el Salón del Pueblo, encabezada por el presidente del Congreso Luis Contreras, junto a los vicepresidentes Nery Ramos y Elmer Palencia, se formalizó la entrega de un apoyo económico a los familiares de los agentes fallecidos y de los oficiales heridos en cumplimiento de sus deberes. El acto contó con la presencia de altos mandos del Ministerio de Gobernación y de la cúpula policial, según detalló el propio Congreso.

La decisión se materializó durante una sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero, cuando la iniciativa fue sometida a votación mediante una moción verbal presentada por el diputado Samuel Pérez. En esa oportunidad, el pleno guardó un momento de silencio por las víctimas y varios legisladores advirtieron que los ataques no se trataban de hechos aislados, sugiriendo presuntos vínculos con integrantes del propio Congreso.

El Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo 3-2026 y el Decreto 11-2025 como respuesta a los ataques

El Acuerdo Legislativo 3-2026, impulsado de manera urgente, establece que el resarcimiento se entregará siempre que esté vigente el estado de sitio en el país. Esta resolución, según explicó el diputado Elmer Palencia, busca brindar una ayuda directa a los familiares de las víctimas y a los agentes heridos, al igual que fortalecer la respuesta institucional a los desafíos planteados por el accionar de las pandillas.

De acuerdo con las declaraciones del primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, el homenaje va más allá de un acto protocolario y representa un reconocimiento por la entrega de los agentes fallecidos: “Queremos contar la memoria con respeto y reconocimiento por la entrega al servicio del país, me delegaron en la Junta Directiva del Congreso de la República y de todos los diputados de este alto organismo de Estado y rendimos un homenaje póstumo a los agentes fallecidos que se entregaron a cuidar, proteger a la población. Gloria y reconocimiento a los elementos de las fuerzas de seguridad fallecidos en ataques por criminales y respeto a sus familias”, dijo Ramos.

Por su parte, el segundo vicepresidente confirmó los detalles legislativos: “El Congreso de la República conoció los hechos y nos pusimos de acuerdo y aprobamos el Acuerdo Legislativo 3-2026 que busca ayudar a los familiares de los 11 agentes de la Policía Nacional Civil. El Pleno también aprobó el Decreto 11-2025, que busca contrarrestar a grupos de pandillas en el país, que este acto sea para unirnos en el dolor con las familias afectadas por las pandillas”, declaró Elmer Palencia.

El resarcimiento económico y las nuevas disposiciones se consolidan en un momento especialmente tenso para la seguridad pública guatemalteca, que busca tanto dar respuesta a las víctimas como reforzar la legitimidad y el respaldo legal y operativo de la Policía Nacional Civil. La decisión de los legisladores se inscribe en la voluntad de expresar, a través de una medida concreta y urgente, la solidaridad institucional con las familias y la necesidad de enfrentar la creciente violencia del crimen organizado.

La muerte de los agentes de la Policía Nacional Civil, ha reavivado el debate en torno a las reformas urgentes aprobadas el 26 de noviembre de 2024 para la legislación de la institución responsable de la seguridad ciudadana. Debido a la suspensión de diversas frases en varios artículos, que afectan principalmente el artículo 60, clave porque permite el uso de armas de fuego en defensa propia por parte de los agentes.