Nuevo presidente de la boliviana YPFB advierte que el país está “a las puertas de una crisis energética”

El presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia está “a puertas de una crisis energética” y que, de no revertirse las tendencias actuales, podría necesitar importar gas natural en un plazo de cuatro o cinco años. De ser así, el país pasaría de ser uno de los mayores exportadores de gas natural de la región a importador en menos de dos décadas.

“La falta de inversión que en los últimos años ha generado que nuestras reservas vayan cayendo sistemáticamente, nuestra producción de gas y líquidos caiga, y esto es una tendencia que tenemos que revertir como prioridad nacional”, explicó Daroca en una entrevista en el canal Unitel y dijo que las gestiones anteriores dejaron al país en “riesgo energético, estamos a puertas de tener una crisis energética mucho mayor.”

El presidente de la petrolera estatal, que hasta su posesión ocupaba el cargo de gerente de Operaciones de la compañía, afirmó que si no se asumen acciones concretas para aumentar la producción, en un “plazo de cuatro a cinco años”, el país podría “tener la necesidad incluso de importar gas natural”.

La producción de gas en Bolivia ha experimentado una caída significativa en la última década, reduciéndose casi a la mitad entre el pico alcanzado en 2014 —cuando producía aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd)— y los niveles registrados en 2024. La caída se atribuye al agotamiento natural de los campos, la falta de inversión en exploración y una gestión ineficiente del sector.

La declaración de Daroca se enmarca en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos —tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área— y en medio de una crisis por combustible que lleva más de dos meses sin resolverse.

El problema reciente de la gasolina de mala calidad, que el gobierno define como “desestabilizada”, surgió a mediados de enero, pocas semanas después de que la administración de Rodrigo Paz eliminara la subvención a los combustibles y ajustara los precios que habían estado fijos en el mercado por veinte años.

En febrero, el Gobierno admitió que había distribuido combustible de la mala calidad, pero no se responsabilizó por su origen y desde entonces ofreció versiones distintas: inicialmente lo atribuyó a residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento “heredados” de gestiones anteriores y luego denunció planes de sabotaje internos y la existencia de redes delictivas internacionales que sustituirían parte de la gasolina con agua y aceite.

Mientras las protestas y los reclamos iban en aumento, la estatal petrolera creó un sistema para resarcir a los usuarios que certifiquen daños vehiculares atribuidos a la gasolina. Según datos de YPFB, hasta la primera semana de abril se habían destinado 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares, al pago de compensaciones a más de ocho mil choferes.

En las últimas semanas y en medio de los ajustes institucionales, también se reportó escasez de diésel que el Gobierno atribuyó a la sobredemanda de las actividades agrícolas por la temporada. En sus primeras declaraciones, Daroca afirmó que se aumentaron los despachos y que esta semana se regularizará el suministro.

Varios analistas advierten que los problemas de abastecimiento, calidad y producción reflejan un deterioro sostenido del sistema energético nacional. En este contexto, dirigentes de los transportistas de La Paz han anunciado manifestaciones de este lunes para exigir soluciones definitivas a un problema además de decisiones políticas necesita tiempo.