El asesinato de Pamela Royo Solano en Turrialba, cuya decapitación estremeció a Costa Rica en junio de 2024, ha expuesto el grado de brutalidad con el que operan las organizaciones criminales del país y la creciente participación de mujeres como víctimas de ejecuciones ordenadas por el narcotráfico.
La captura de dos hermanos como principales sospechosos, ambos ligados a la estructura de Jorge David Núñez Aguilar—conocido como “Coco Pastilla”—revela no solo los vínculos entre distintas bandas sino la dinámica de violencia extrema empleada para dirimir disputas territoriales por la venta de drogas, según ha informado el medio CR Hoy.
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En el transcurso de la investigación de este caso, las autoridades judiciales detectaron la implicación de dos menores de edad, actualmente en detención provisional por delitos adicionales. La acción represiva del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió desarticular una célula que, de acuerdo con CR Hoy, respondía directamente al liderazgo de “Coco Pastilla”, aliado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, un fugitivo buscado a nivel nacional e internacional.
La Unidad de Crimen Organizado del OIJ acredita que el asesinato fue planeado no solo como represalia sino también como mensaje político-criminal: la cabeza de Royo Solano fue dejada en el corredor de una vivienda en Turrialba el 2 de junio de 2024; el resto del cuerpo apareció el 6 de junio a 900 metros.
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El objetivo era intimidar a un vendedor de drogas operando en la zona bajo el liderazgo de Ariel Muir Solano (“Mancha”), ya advertido previamente para que cesara sus actividades.
Según el director interino del OIJ, Michael Soto, el crimen fue calificado como “atroz, cruel, muy particular y pocas veces visto en el país”, y afectó profundamente a la comunidad. Royo Solano tenía tres hijos menores y, conforme declaró una tía al medio CR Hoy, en las semanas previas a su muerte vivía en la calle y enfrentaba problemas de consumo de drogas.
La ejecución de Jazmín Torres Rankin en un centro educativo y la sentencia al “ángel de la muerte”
El patrón de violencia letal orquestada por “Diablo” se confirma con el caso de Jazmín Torres Rankin, asesinada en Tortuguero de Pococí el 20 de junio de 2023 dentro de un aula mientras rendía un examen. Dos atacantes encapuchados irrumpieron en el centro educativo Cindea, la localizaron y la mataron a tiros. Testigos afirmaron a CR Hoy que los sicarios gritaron: “Ahí les mandó el Diablo, hijueputas”, insistiendo en la autoría intelectual de Arias Monge.
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La investigación atribuyó el móvil del homicidio a un ajuste de cuentas vinculado con la venta de drogas. El 8 de julio del mismo año, fue capturado Torres Flores, apodado “El ángel de la muerte”, sospechoso de ejecutar el crimen bajo órdenes de la organización de “Diablo”. Procedente del barrio Atlántida en Limón, se desplazó a Turrialba buscando esconderse, pero fue localizado en la comunidad Proyecto Veroliz. Durante la detención, la policía decomisó un arma semiautomática, municiones y material presuntamente usado para operaciones criminales.
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Penal de Pococí condenó a “El ángel de la muerte” a 30 años de prisión por el asesinato de Torres Rankin, cuya ejecución fue grabada.
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La figura de “Diablo” en la lista de los más buscados por Estados Unidos
Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, centraliza la conexión entre ambos homicidios y se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Es requerido por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Ministerio Público y el OIJ, debido a su presunta participación en delitos de tráfico de narcóticos, asesinatos y legitimación de capitales en Costa Rica, así como conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas con destino a Estados Unidos.
En 2025, la DEA ofreció una recompensa de hasta USD 500,000 a quien aporte información relevante que conduzca a la detención o condena de Arias Monge. La agencia lo vincula con una amplia estructura de crimen organizado regional, responsable del auge de episodios de violencia extremos y ajusticiamientos en la disputa por el control de territorios para la venta y distribución de drogas.
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Las operaciones delictivas de “Diablo” y sus aliados han sido motor de algunas de las expresiones de violencia más impactantes y mediáticas de los últimos dos años. El registro y desenlace judicial de estos casos han puesto de manifiesto la capacidad de las redes criminales para operar con brutalidad—incluyendo la decapitación y el asesinato en espacios públicos escolares—y la dificultad de las autoridades para capturar a los responsables intelectuales, aún prófugos.
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