“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

El informe anual sobre Uruguay de Amnistía Internacional volvió a alertar sobre el “debilitamiento” del sistema de garantías del país y señala que en el Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi hay “vacíos” en políticas públicas clave. El documento concluye que durante el año hubo “avances en la promoción y defensa de derechos humanos, pero también evidencia serios deterioros que impactan en la población más vulnerable del país”.

El informe, presentado este lunes, señala que “preocupa” de manera especial el sistema de protección de los menores y la muerte de 114 personas entre 2020 y 2025 por “fallas en los mecanismos de protección del Estado”.

“Si bien se han adoptado medidas y se han establecido nuevas leyes que buscan brindar más garantías a esta población, el Estado sigue fallando y no protege a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, concluye el informe.

Además, el informe agrega otra advertencia sobre la violencia de género contra las mujeres y la violencia vicaria. “Uruguay es un país inseguro y hostil para niñas, niños, adolescentes y mujeres”, señala el texto.

De todas maneras, reconoce que hubo algunos avances con la puesta en marcha de una estrategia de lucha contra la violencia de género y la implementación de una Ley de Violencia Hacia las Mujeres basada en Género. Pero también marcan que falta presupuesto para que se pueda aplicar esta normativa a cabalidad.

“En tanto el Estado no priorice combatir la violencia de género, seguiremos reclamando la falta de garantías que tienen las niñas, niños y mujeres para llevar adelante trayectorias de vida libres de violencia”, dice en otro comentario.

Amnistía Internacional también expresó inquietud por el acceso a los servicios de salud mental. Y el problema vuelve a ser el mismo que con la norma anterior: la falta de presupuesto. La alarma está generado por las “tasas de suicidio” en el país, que permanecen altas y no logran que se avance hacia un “cambio de paradigma”.

Derechos de las personas privadas de libertad

Un capítulo aparte está referido a los presos. “La situación de los derechos de las personas privadas de libertad sigue siendo precaria. Nuevamente realizamos un llamamiento para que se tomen medidas efectivas contra el hacinamiento, que se incrementa año a año, tiene consecuencias directas en la convivencia entre las personas que se encuentran en los distintos establecimientos carcelarios e impacta en sus procesos de rehabilitación, lo cual dificulta que se reintegren de forma efectiva en la sociedad, una vez cumplida la condena”, describe Amnistía Internacional, sobre el sistema carcelario uruguayo.

La organización cita datos del Ministerio del Interior y de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario para informar que la población reclusa aumentó más del 30% desde el año 2020 y alcanzó su máximo histórico en 2025. Diciembre cerró con 16.496 personas privadas de libertad.

Esta tasa implica un encarcelamiento de 477 habitantes por cada 100.000, lo que sitúa a Uruguay en el primer lugar de América del Sur y entre los 15 países con mayores tasas de prisionalización del mundo.

Además, esta cifra representa una tasa de 32 personas por cada funcionario policial, 63 por cada operador penitenciario y 157 por cada técnico. El estándar internacional es de tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo.

El informe de 2025 de Amnistía Internacional advierte “preocupación” por el aumento de muertes bajo custodia del Estado. En 2024 alcanzó los 57 casos, de los cuales 31 fueron catalogados como muertes violentas y en casi la mitad se constató negligencia asistencial o fallas institucionales vinculadas con el resultado letal, de acuerdo a los datos citados por Amnistía Internacional.